El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, restringió a partir de este viernes, por decreto, el acceso a las armas de fuego, el cual estaba flexibilizado por su antecesor, Jair Bolsonaro.
La medida forma parte de un ambicioso plan para fortalecer la seguridad pública y combatir la creciente violencia en la Amazonía, endurecer las penas para delitos antidemocráticos y contar con medidas drásticas contra los ataques a escuelas.
Sobre el decreto de «Regulación responsable de armas», Lula recordó que se trata de un «compromiso» adquirido en la «campaña electoral» para «restablecer los asuntos de seguridad».
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De igual modo, el líder progresista evocó la «campaña de desarme» impulsada en 2005, durante su primer mandato (2003-2006), en la que la población devolvió «miles de armas» y que retoma ahora para «continuar luchando por un país desarmado». «Quienes tienen que estar armados son la Policía y las Fuerzas Armadas brasileñas», subrayó el jefe de Estado.
Entre las principales alteraciones a la actual legislación están la reducción de armas y municiones en manos de civiles. Entre ellos cazadores, tiradores y coleccionistas, y el control de las mismas, que estará retirado del Ejército y asumido por la Policía Federal.
El número de armas por cada persona estará reducido a la mitad, pasando de cuatro a dos y el de municiones bajará de 200 a 50 por año, mientras que la validez de los registros de posesión de armas será reducida de diez a tres años.
El número de armas de fuego en manos de particulares creció un 241 % en Brasil durante el Gobierno de Bolsonaro (2019-2022), según datos del Anuario Brasileño de Seguridad Pública.
