Santo Domingo. – El Gobierno del presidente Luis Abinader cumple dos años, una administración que ha tenido luces, pero también sombras.
Más de 8 casos de corrupción y escándalos sobre irregularidades han salpicado al Gobierno durante estos dos años, en los cuales se ha destituido, suspendido y renunciado dirigentes cercanos al presidente Abinader.
De los primeros casos sonoros sobre corrupción fue la venta ilegal de armas, caso por el que fue destituido Víctor Miguel Polanco Severino de su puesto de viceministro de Control y Regulación de Armas y Municiones del Ministerio de Interior y Policía, tras detectarse irregularidades en la emisión de permisos para porte y tenencia de armas. Otros 52 empleados también fueron desvinculados de la Dirección de Armas.
Más revuelo causó el caso de la ministra de la Juventud, Kinsberly Taveras, quien duró un poco más de cuatro meses. En diciembre de 2020 presentó su renuncia tras la oleada de cuestionamientos que generó una entrevista que le hizo la periodista Nuria Piera, en la que se analizaba su patrimonio por RD$106 millones con 33 años de edad y los contratos públicos que había conseguido para recoger la basura en varias demarcaciones.
Antes de su renuncia, el Ministerio Público había abierto una investigación para determinar la procedencia de su patrimonio, para la que se interrogó a su exesposo Juan Carlos Ventura y familiares.
La misma suerte corrió quien relevó a Kinsberly. La gestión de Luz del Alba Jiménez fue cuestionada por supuestos actos de corrupción, que incluyó haber beneficiado a dos empresas con licitaciones millonarias.
En su momento, la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas inició una investigación sobre la denuncia del exconsultor jurídico de ese ministerio, José Manuel Vidal Tejeda, en diciembre de 2021.
También en diciembre, con el confinamiento y una crisis económica los ánimos se enfurecieron cuando Francisco (Tony) Peña Guaba, coordinador del Gabinete de Política Social, entregó aproximadamente RD$100 millones en cheques a 67 artistas como apoyo económico del Gobierno a la industria musical, detenida por la pandemia. A cambio, actuarían en conciertos virtuales y a futuro.
Pero el enjambre de críticas causado por la iniciativa llevó a rescindir los contratos y a que la Dirección General de Contrataciones Públicas recomendara sancionar a los funcionarios responsables de ejecutar la contratación de 54 artistas por más de RD$55.6 millones, al determinar que se hizo sin cumplirse el debido proceso.
Guaba aseguró en julio pasado que algunos empleados fueron movidos de posiciones y otros separados por un tiempo de la posición sin disfrute de sueldo.
El presidente Abinader no lo pensó mucho para desvincular a Juan Maldonado Castro, director de Comunidad Digna, desde que el Ministerio Público lo implicara como uno de los miembros de una red de narcotráfico y lavado de activo denominada Operación Falcón. Al referirse al tema, el mandatario ha insistido en que en el país no hay vacas sagradas y que continuará luchando contra la corrupción y el crimen organizado.
Otro escándalo dio como resultado la suspensión de Leonardo Faña como titular del Instituto Agrario Dominicano, luego de que fuera llevado a la justicia tras una empleada acusarlo de agresión sexual. Un tribunal le dictó dos meses de prisión preventiva que luego se varió por presentación periódica y el pago de una fianza de RD$500 mil.
Mientras que un tribunal le impuso prisión domiciliaria como coerción al exdirector regional de Aduanas en Santiago, Antonio Gómez Díaz, acusado de violación sexual a una mujer y acoso a una empleada.
Un hecho muy sonoro de la administración de Abinader ha sido “Operación 13”, por el que diez personas terminaron con medidas de coerción que van desde fianza hasta prisión preventiva luego de que el Ministerio Público los acusara de organizar y ejecutar el pasado 1 de mayo un sorteo fraudulento en la Lotería Nacional, con el que se calcula estafaron con más de RD$500 millones a bancas. Un video en el que se deja en evidencia la manipulación de un bolo con la numeración 13, dejó al descubierto la complicidad para amañar el sorteo.
Entre las personas sometidas estuvo el propio administrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, a quien le fue impuesto un año de prisión preventiva y fue destituido de su cargo.
En febrero del 2022, se dio a conocer la operación Solidaridad 3.0, que consiste en la intervención de 11 colmados de las comunidades La Victoria, Villa Mella y San Miguel de Guerra, Santo Domingo Norte, tras ser detectada una estafa millonaria mediante la utilización fraudulenta de tarjetas del Programa Supérate, las cuales fueron clonadas.
En la maniobra se detectó, a través del uso de verifones instalados en pequeños colmados, con reducidos inventarios, ventas que superan hasta 25 veces su capacidad total.
