Ciudad de México.- El consultor jurídico de la Cancillería mexicana, Alejandro Celorio, encargado de la histórica demanda contra empresas armamentísticas de Estados Unidos, dijo que el daño que han hecho estas armas a México es «incalculable» más allá de la compensación económica que se pida en la corte.
«Están hablando de 10.000 millones de dólares, (pero) es incalculable el daño que esas armas le están haciendo a México y a los mexicanos. En el juicio tendremos que determinar una cifra», expresó este jueves el abogado en entrevista con Efe.
El Gobierno mexicano presentó el miércoles una demanda en una corte Boston, en Estados Unidos, contra una decena de empresas a las que acusa de negligencias que facilitan el tráfico ilegal de armas a México, donde son usadas por el crimen organizado.
Con ello, las autoridades mexicanas buscan que aumente el control sobre las armas en Estados Unidos, pero también exigen un resarcimiento porque «pedir una compensación económica es casi ‘sine qua non’ en la demandas de Estados Unidos o ni le hacen caso», contó Celorio.
«¿Cómo la vamos a cuantificar? Mediremos cuánto hemos gastado en seguridad, en armas, en chalecos en blindajes, en servicios funerarios, de atención psiquiátrica, hospitales, medicinas, todo. Es un daño que se le causa al Gobierno mexicano», expresó.
El Gobierno mexicano estima que más de medio millón de armas se trafican cada año de Estados Unidos a México y son responsables de 17.000 homicidios anuales, con un costo de entre el 1,5 % y el 2 % del producto interno bruto (PIB) mexicano.
MÉXICO LO DEMOSTRARÁ CON «CIFRAS»
«Va a ser una batalla difícil, se van a querer defender», explicó Celorio, quien sin embargo aseguró que México tiene «los argumentos para saber que vamos a ganar».
México sostendrá su acusación con «cifras», puesto que las diferentes dependencias del Estado mexicano tienen «información» de dónde vienen las armas decomisadas al crimen organizado.
«En la frontera con Estados Unidos estamos hablando de 10.000 tiendas de venta de armas. Evidentemente estas empresas que venden saben a quiénes las están vendiendo, no podemos ser inocentes», dijo.
Según Celorio, hay empresas que venden hasta cinco ametralladoras capaces de tumbar helicópteros a una sola persona o que comercializan armas con personas «investigadas por contubernio con el crimen organizado».
El principal escollo para la demanda es que las empresas de armas tienen casi total «inmunidad» por la legislación de Estados Unidos, pero el Gobierno mexicano alegará que esas armas se usan en México, donde «no tienen ninguna protección jurídica ni de la segunda enmienda».
Si bien Celorio espera que el litigio se alargue más de dos años y pueda pasar por el Supremo, se dijo optimista porque la demanda coincide con «muchos desarrollos positivos en cortes estadounidenses respecto a sus de armas de alto poder».
El Gobierno mexicano no avisó a las empresas de la demanda, porque estas habrían pedido sentarse a negociar pero «llevamos al menos 20 años platicando y no ha pasado nada», dijo Celorio.
Al Gobierno de Estados Unidos se le hizo un «aviso para que no les cayera de sorpresa».
«Ahora estamos en una etapa donde los demandados van a decir que somos de lo peor, que somos unos corruptos, se van a querer ganar la narrativa», predijo Celorio, abogado con larga experiencia en litigios en Estados Unidos.
DOS AÑOS PREPARANDO LA DEMANDA
Esta demanda comenzó a preparase tras la matanza contra latinos perpetrada por Patrick Crusius el 3 de agosto de 2019 en la fronteriza ciudad de El Paso (Texas), donde murieron 23 personas, de las cuales 9 eran mexicanas.
El Gobierno mexicano también detectó que armas largas usadas durante el sitio de Culiacán por parte del Cártel de Sinaloa tras la captura de Ovidio Guzmán en octubre de ese año habían sido compradas a Estados Unidos por internet.
Desde entonces, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, ha puesto sobre la mesa el tema del tráfico de armas en las conversaciones con el Gobierno de Estados Unidos sobre narcotráfico.
«No es que no esté funcionando, sino no ha funcionado lo suficiente», dijo Celorio, quien explicó que a pesar de la cooperación entre ambos Gobiernos las empresas «se han mantenido al margen».
El consultor jurídico de la Cancillería relató que durante estos dos años se han contratado a «los mejores abogados» para elaborar la acusación porque no se trata de una «demanda frívola».
«Hay personas muriendo y tenemos la obligación moral y legal de hacerlo», reivindicó.
