SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público informó que pedirá al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que imponga la pena máxima de 30 años de prisión para los involucrados en el caso de la muerte del abogado y profesor universitario Yuniol Ramírez, ocurrido en 2017.
El fiscal Pedro Frías indicó que está preparado para presentar la acusación y las pruebas contra los implicados en el asesinato del abogado y por corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).
Los jueces Claribel Nivar Arias, Clara Sobeida Castillo y Deibi Peguero aplazaron el juicio hasta el próximo 28 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, tras acoger una petición de la defensa del imputado Faustino Rosario Díaz, debido a la ausencia de uno de sus abogados.
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“El Ministerio Público estaba listo para conocer el juicio; teníamos presentes más de 25 testigos que estábamos prestos para presentar la acusación”, dijo Frías.
Adelantó que el órgano judicial pedirá las sanciones dependiendo del tipo penal, por lo que, respecto al asesinato, solicitará 30 años de prisión.
En ese contexto, recordó que Argenis Contreras González figura en el expediente como el principal acusado del secuestro y asesinato del abogado y profesor universitario. El imputado cumple un año de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
Contreras González también está vinculado a actos de corrupción administrativa cometidos durante las funciones que desempeñó en la Omsa durante la gestión de Rivas Medina.
El exdirector de la Omsa y el exdirector financiero Faustino Rosario Díaz fueron enviados a juicio de fondo por delitos de corrupción administrativa en esa entidad.
En tanto que, por la muerte de Ramírez Ferreras, el tribunal dictó auto de apertura a juicio contra Víctor Elisander Ravelo Campos, José Antonio Mercado Blanco, Jorge Luis Abreu Fabián, Heidy Carolina Peña y Lilian Francisca Suárez Jáquez.
En octubre de 2017 el abogado Yuniol Ramírez Ferreras, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y presidente de la Convergencia Nacional de Abogados (Cona), fue hallado muerto con un block de concreto atado a su cuello mediante una cadena, en un arroyo de Hato Nuevo, en la provincia Santo Domingo.
Después de perpetrado el crimen, Argenis Contreras huyó del país y tres años después, tras los esfuerzos de la actual gestión de la Procuraduría General, el Ministerio Público logró que Estados Unidos lo entregara para que responda por los graves hechos que se le imputan en el país.
En el juicio el Ministerio Público también está representado por los fiscales Wagner Cubilete, Rosa Ysabel y Elvira Rodríguez.
