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Santo Domingo.- A un año y ocho meses de haber sido enviado a juicio de fondo, el proceso contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y demás implicados permanece estancado, sin que se haya podido iniciar la fase principal del juicio, según denunció el movimiento cívico Participación Ciudadana.
En su octavo informe de seguimiento a casos de gran corrupción, la entidad explicó que, pese al tiempo transcurrido, el tribunal no ha podido entrar al conocimiento del fondo debido a continuos aplazamientos. De acuerdo con el documento, el proceso ha sido reenviado en más de 22 ocasiones, en audiencias donde únicamente se han ventilado incidentes presentados por la defensa.
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“El juicio no puede ser pospuesto por el trámite o resolución de estos incidentes, que no es lo que está ocurriendo actualmente”, establece el informe, citando el artículo 305 del Código Procesal Penal.
La organización sostuvo que esta situación evidencia una estrategia de dilación que podría poner en riesgo la posibilidad de obtener una sentencia, ante la eventual llegada del plazo máximo de duración del proceso.
“Resulta obvio que la estrategia de la mayoría de los imputados es introducir incidentes en los procesos, dilatándolos hasta que se alcancen los cuatro años sin sentencia al fondo”, advirtió.
El informe también detalla una cronología de audiencias aplazadas por distintas causas, incluyendo problemas de salud alegados por la defensa y la presentación continua de incidentes legales, lo que ha impedido avanzar hacia el juicio de fondo.
Participación Ciudadana recordó que, aunque la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional han establecido que los plazos procesales deben ser razonables y ajustarse a la complejidad de cada caso, la prolongación del proceso genera preocupación en torno al combate a la impunidad.
Asimismo, advirtió que los casos de corrupción en el país corren el riesgo de extinguirse si no se logra una decisión de fondo dentro del tiempo establecido por la ley.
Finalmente, la entidad señaló que, aunque el nuevo Código Penal —que entrará en vigor en agosto— contempla sanciones más severas para la corrupción, el principal reto sigue siendo la aplicación efectiva y oportuna de las leyes vigentes.
“No hemos sido capaces de aplicar las sanciones vigentes… lo que arroja dudas sobre la capacidad de aplicar sanciones más severas”, concluye el informe.
