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A un mes del apagón de nueve horas en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, la multa de cinco millones de dólares anunciada contra Aerodom luce más como una respuesta política para calmar la crisis que como una sanción real.
La medida, emitida por la Comisión Aeroportuaria el 24 de septiembre, fue presentada como un “castigo ejemplar” tras determinarse que la falla eléctrica se originó en un punto interno del sistema operado por la empresa. Sin embargo, al momento no hay registro de pago ni detalle oficial sobre su destino.
El exsenador Iván Silva sostuvo que “no hay manera legal de cobrar esa multa”, debido a que el contrato de concesión no contempla cláusulas de sanción y el Estado no tiene un mecanismo de ejecución. A su juicio, el anuncio sirvió como una reacción comunicacional para contener la presión pública tras el apagón del aeropuerto.
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“Hasta el momento solo se ha hablado de compensar a los usuarios que fueron afectados, pero esa compensación no corresponderá a la magnitud de lo que pasó”, afirmó.
Lo que comenzó como un anuncio de autoridad estatal se ha convertido en una sanción sin efectos visibles, sin fondos ingresados ni compensaciones ejecutadas.
Un mes después, el caso sigue sin corriente y sin respuesta.
