Santo Domingo.– El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) responsabilizó este martes al liderazgo del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de la aprobación del Código Penal que, en su opinión, protege la corrupción estableciendo límites a su enjuiciamiento y vulnera derechos fundamentales de mujeres, niños y minorías.
La dirección del PRM «no se puede escudar en el carácter corporativo» del Congreso Nacional «para disminuir su responsabilidad en una legislación que de aprobarse llevaría el país a la norma de estados teocráticos que hoy en día son parias internacionales», señaló la organización en un comunicado.
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Por esta razón, llamó al presidente Luis Abinader «a que cumpla con su palabra y ejerza su liderazgo en la bancada de su partido».
El proyecto de Código Penal aprobado este martes en primera lectura por los diputados, tras recibir el visto bueno en el Senado, establece una prescripción de 20 años a los delitos de corrupción, violando la norma constitucional y la jurisprudencia prevaleciente, de acuerdo con lo planteado por PC.
La corrupción, subrayó la organización, «se ha convertido en un problema mayor en nuestro país, llevándose importantes recursos públicos que impiden atender adecuadamente la salud del pueblo dominicano, por lo que debería colocarse al lado de los crímenes de lesa humanidad y hacerse imprescriptible, lo que es permitido por el artículo 146 constitucional».
«Los diputados acaban de aprobar un proyecto que, en realidad, esconde en su articulado disposiciones excluyentes, discriminatorias y obsoletas que en nada representa un estado social, democrático y de derecho», enfatizó.
Para Participación Ciudadana, resulta absurdo que se argumente la necesidad de modernizar la norma penal, y al mismo tiempo se penalice el aborto sin tomar en cuenta las tres excepciones que han sido acogidas en la mayor parte de los países del mundo; cuando la vida de la madre esté en peligro, cuando el embarazo haya sido el resultado de violación o incesto o cuando el embrión viene con malformación incompatible con la vida científicamente comprobada.
La organización asegura que el Estado está en la obligatoriedad de proteger la dignidad, integridad, libertad, seguridad personal, libre desarrollo de la personalidad a la mujer, y corresponde al Congreso Nacional sentar las bases para alcanzar tales fines.
