Ciudad de Panamá. – Gremios periodísticos de Panamá denunciaron este jueves el uso de acciones legales como mecanismo para amenazar las libertades y conminaron a los operadores de justicia a «prestar atención» a los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que garantizan el ejercicio de la libertad de expresión.
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), el Fórum de Periodistas, y la Asociación Panameña de la Radiodifusión, entre otros, se expresaron así luego de que el miércoles abogados del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), intentaron secuestrar bienes al periodista Mauricio Valenzuela, del medio digital Foco, y a la analista Anette Planells, del Movimiento Independiente (Movin) como parte de procesos entablados contra ellos a nivel civil, según explicaron los afectados.
Te recomendamos: David Ortiz se queja de las autoridades deportivas dominicanas
«No es la primera vez que en nuestro país un expresidente de la República denuncia y secuestra bienes de medio de comunicación o personas vinculadas al ejercicio del periodismo. Desde una posición de poder, las amenazas expresas continúan y parece que la defensa de la democracia no está en el interés de los garantes de la misma», expresaron los gremios en un comunicado.
A lo anterior se suman «amenazas a través de diversos medios y segmentos de opinión», señaló la misiva gremial.
«La defensa de la libertad de expresión, en cualquiera de sus manifestaciones, constituye la salvaguarda del sistema de los derechos humanos y la protección del titular individual y de los derechos colectivos como sociedad», agregaron los gremios periodísticos.
Este mismo jueves, la Embajada de Estados Unidos en Panamá expresó que veía «con preocupación los ataques contra los medios de comunicación» en el país, y recalcó que el uso de «la ley para intimidarlos «priva al ciudadano de su derecho a estar informado».
El expresidente Martinelli, de 70 años, fue sancionado en enero pasado por Estados Unidos, que lo acusó de estar involucrado en «corrupción a gran escala», por lo que ni él ni sus «familiares cercanos» son elegibles para entrar a territorio estadounidense.
Ese mismo enero los hijos del expresidente Martinelli, Ricardo Alberto y Luis Enrique, fueron excarcelados y deportados a Panamá después de haber cumplido una condena en EE.UU. por participar «en pagos de sobornos hechos por y bajo la dirección de Odebrecht» por un total de 28 millones de dólares.
En Panamá, tanto el expresidente como sus hijos enfrentan procesos judiciales por el caso de presunta corrupción, entre ellos el de Odebrecht.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció en octubre pasado durante su 78 Asamblea General que el acoso judicial, con demandas millonarias contra medios y periodistas, además de medidas discrecionales del Gobierno, son la principal amenaza a la libertad de prensa en Panamá.
Entre otros, la SIP citó el caso del medio digital Foco que, precisó, ha sido querellado penalmente por calumnia e injuria en 26 ocasiones desde 2019.
La mayoría de estos expedientes contra el medio digital fueron archivados de manera provisional o definitiva por el Ministerio Público excepto seis de ellos, por lo que enfrenta demandas por 510.000 dólares, dijo la SIP.
La Corporación La Prensa (Corprensa) enfrenta por su parte 12 demandas civiles por presuntos daños y perjuicio por calumnia e injuria por un total de 44.574.000 dólares, agregó.
La SIP recordó que, en el ámbito civil, la legislación de Panamá permite que, ante un proceso por daños y perjuicios, el demandante pueda promover el congelamiento de activos de los medios o el secuestro de su administración, aun cuando no se haya dictado sentencia a su favor.
Ante esta realidad, «se ha expresado en distintos foros y reuniones con autoridades judiciales, la necesidad de eliminar el delito penal de calumnia e injuria y establecer límites a los montos que se reclaman en demandas civiles, vetar el secuestro de activos y que se pueda solicitar la caducidad de la demanda tras un periodo en que el caso no tenga avance en los tribunales».
