SANTO DOMINGO.- La Fiscalía del Distrito Nacional pidió al Cuarto Tribunal Colegiado imponer 30 años de prisión y el decomiso de los bienes contra Pascual Cordero Martínez, alias El Chino, acusado de asociarse para incorporar al sistema financiero recursos obtenidos por él en más de 15 años de operación en el narcotráfico.
Durante la exposición de las conclusiones, las fiscales litigantes Magaly Sánchez, Laura Vargas y María Silvestre presentaron a las juezas Ingrid Fernández, Ana Lee y Altagracia Ramírez más de mil pruebas materiales, testimoniales, documentales y periciales que, concatenadas, apoyan la acusación del Ministerio Público.
Durante la audiencia, el órgano de la acusación resaltó la incorporación de la sentencia condenatoria dictada por un tribunal en la provincia La Altagracia, lo que demuestra la reincidencia del encartado, quien guarda prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
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El escrito de acusación indica que Cordero Martínez se relacionaba directamente con coimputados para que estos, vinculados en empresas de fachada, le sirvieran para adquirir bienes y servicios, haciendo uso en muchos casos de identidades y documentos falsos.
Este entramado permitió al imputado agenciar y transferir productos financieros y colocar la titularidad a favor de uno u otro de sus colaboradores.
Sin embargo, el uso, disfrute y disposición del bien, y su administración en la mayoría de los casos, se enlazaban con otros miembros de la red, lo que evidenciaba estrategias para impedir que las autoridades determinaran el origen de los fondos y el verdadero propietario.
El órgano de la persecución penal le atribuye a alias El Chino los delitos de asociación de malhechores, patrocinador de narcotráfico internacional y lavado de activos, sancionados en los artículos 265 y 266 del Código Penal; los artículo 4, 5, 6 y 75, párrafo III, de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas, y los artículos 3 (literales A, B, C), 4, 5, 7 (literal D), 8 (literal B), 18, 19, 21, 24, 25 y 27 de la Ley 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves.
¿Quién es Pascual Cordero?
En el 2018 el narcotraficante Pascual Cordero Martínez (a) “El Chino”, progenitor de Yery Cordero, ultimado en marzo del 2020, fue condenado a cinco años de prisión por dirigir una red que se dedicaba al lavado de activos producto del narcotráfico y tráfico de armas de fuego en el país.
En ese entonces, el Tribunal Colegiado de la Altagracia condenó a Cordero junto a la ciudadana peruana Magaly Rocío Reynaga, quien era utilizada como mula, así como al excabo de la Policía Nacional, Martín Alcántara Buten. Actualmente, “El Chino” guarda prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey.
Por el caso, también fueron condenados a seis años de reclusión Francisco Alberto Colón Rosario, Pedro Alexis Salcedo Soriano y Ricardo Santil, quienes formaban parte de la red. Producto de esos negocios ilícitos, según el expediente de la Fiscalía, Cordero amasa una fortuna de 300 millones de pesos en bienes e inmuebles, provenientes del crimen organizado.
En 2018 se le confiscaron propiedades y automóviles durante el proceso con la justicia, entre los cuales figuran una villa en San Cristóbal, cuyo valor asciende a 15 millones de pesos, y varios carros de lujo como Land Cruiser, Infinity y la muy cotizada Lexus, en una jeepeta de esa marca murió su hijo.
Durante el proceso investigativo, las autoridades indicaron que la red liderada por “El Chino” traía la droga desde Perú para ser vendida en la República Dominicana; la sustancia narcótica se importaba cruda, para ser convertida en cocaína líquida en un laboratorio ubicado dentro de la villa, en la provincia de San Cristóbal.
Hace tres años, los fiscales del Ministerio Público demostraron que los condenados violaron varios artículos de la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas y la antigua Ley No. 72-02 sobre lavado de activos proveniente del narcotráfico y otras infracciones graves, así como la Ley 36 sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas
