Lima. – El defensor del pueblo de Perú, Walter Gutiérrez, enviará este lunes un oficio al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, para pedirle que inicie investigaciones contra el presidente Pedro Castillo por presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión.
En declaraciones a la emisora RPP, Gutiérrez indicó que solicitará al fiscal supremo que evalúe la decisión que tomó su predecesora, Zoraida Ávalos, quien abrió una pesquisa preliminar en enero pasado contra el mandatario, pero la suspendió hasta el final de su gestión por la inmunidad de la que goza el jefe de Estado.
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«El Ministerio Público es la institución persecutora del delito y no creemos justo para el presidente que haya un mando de duda o de sombra sobre él», sostuvo el defensor.
En otro momento, Gutiérrez, quien anunció que su gestión al frente de la Defensoría culminará el próximo 20 de abril, mencionó que, de demostrarse, la inocencia de Castillo, su legitimidad podría verse reforzada.
«Si en efecto no hay nada que esconder, su legitimidad quizás se fortalezca cuando se haga una investigación máxima», sostuvo.
TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y COLUSIÓN
El 4 de enero pasado, la exfiscal suprema Zoraida Ávalos, la única autoridad autorizada a imputar al presidente, abrió investigación preliminar contra Castillo por los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión, pero suspendió las diligencias hasta julio de 2026, cuando está previsto que culmine el mandato presidencial.
El anterior precedente se remonta a octubre de 2020, cuando la Fiscalía también abrió un expediente contra el entonces presidente Martín Vizcarra (2018-2020) por presunta corrupción, que derivó posteriormente en una denuncia constitucional, una vez que el mandatario fue destituido por el Congreso.
En el caso de Castillo, el actual gobernante ha sido imputado por, presuntamente, haber influido en las licitaciones para la construcción de un puente y para la adquisición de combustible para la petrolera estatal Petroperú, así como por haber presionado para que ascendieran irregularmente a militares de su círculo cercano.
Las investigaciones arrancaron a raíz de las reuniones que supuestamente mantuvo el mandatario con la empresaria Karelim López para que el jefe de Estado presuntamente intercediera a favor del consorcio Puente Tarata III; que López representaba; para la construcción de un puente en la selva central del país.
INVESTIGACION DEL MP
Por este caso, el Ministerio Público está investigando a 11 personas, entre ellas dos sobrinos de Castillo y el ex secretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco; a quien la Fiscalía incautó 20.000 dólares escondidos en el baño de su oficina.
En las pesquisas también se incluyeron las reuniones que aparentemente mantuvo Castillo con el empresario Samir Abudayeh y con el entonces presidente de Petroperú, Hugo Chávez, días antes de que la compañía del primero ganara un contrato para vender 280.000 barriles de biodiésel a la empresa estatal por 74 millones de dólares.
Al mismo tiempo, los ex comandantes generales del Ejército, José Vizcarra, y de la Fuerza Aérea, Jorge Chaparro; denunciaron que fueron destituidos por Castillo por negarse a ascender irregularmente a militares allegados al presidente; como se les demandaba desde el Palacio de Gobierno.
Por todas estas acusaciones, Castillo afrontó la semana pasada un juicio político en el Congreso, luego de que un sector de la oposición política presentara una segunda moción de destitución en su contra; que finalmente quedó lejos de alcanzar los votos necesarios para sacarlo del poder.
