Lima.- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, será investigada junto al expresidente Pedro Castillo por la presunta financiación ilegal del partido Perú Libre en las elecciones generales del 2021, a raíz de las declaraciones del empresario Henry Shimabukuro, según anunció la Fiscalía.
La Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos amplió la investigación contra Boluarte, Castillo y Shimabukuro por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal, después de que el empresario contó a la prensa haber financiado los viajes y actividades proselitistas de Boluarte en la pasada campaña electoral.
En esa campaña, Castillo encabezaba la candidatura a la Presidencia de la República mientras que Boluarte aspiraba a la Vicepresidencia.
Boluarte, que sucedió a Castillo en diciembre del año pasado tras ser destituido por su fallido autogolpe, había rechazado el domingo las acusaciones en su contra y reiteró que eran una «oscura maniobra política que pretende manchar al gobierno constitucional, a la democracia y la institucionalidad, con dichos y sin pruebas».
«No ha existido ningún tipo de negociación, pedidos o favores por parte de la señora Dina Boluarte», señaló su despacho a través de Twitter en alusión a las recientes denuncias de haber recibido dinero no declarado de empresarios en la campaña electoral.
El último domingo, Maritza Sánchez, una profesora allegada a Castillo, denunció en el programa Cuarto Poder que Shimabukuro, un asesor en la sombra del expresidente, y Eduvigis Beltrán aportaron fuertes sumas de dinero a la campaña de Boluarte para acceder a programas de ayuda con el Estado y colocar a personas cercanas en altos cargos públicos.
Sobre estas acusaciones, la Presidencia comentó que «si el señor Shimabukuro ha colaborado o financiado actividades partidarias, lo ha hecho absolutamente de manera personal y sin transar compromiso alguno».
Debido a las acusaciones de Shimabukuro, la oposición en el Congreso ha anunciado una moción de destitución contra Boluarte, que puede ser formalizada esta semana durante el pleno.
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Mientras que Castillo es actualmente investigado, bajo prisión preventiva, por organización criminal y rebelión, Boluarte lo es por los fallecidos y heridos en las protestas sociales que sucedieron a su asunción al mando, además de denuncias de presunta corrupción entre sus excolaboradores.
El lunes, la mandataria tuvo que responder a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el Palacio de Gobierno por un caso de presunta corrupción referido a las supuestas irregularidades en la contratación de empresas de su exasesora Grika Asayag.
