Familiares y activistas del Movimiento Amplio Opositor para la Liberación Nacional (MAOLN) protestaron este lunes en la frontera sur de México, en la 36 zona militar de Tapachula, al cumplirse 3 años de la muerte de Damián Genovés, ejecutado por el Ejército mexicano.
Los manifestantes exigieron castigar a los militares que mataron a Genovés, un joven originario de Tapachula que murió el 3 de julio de 2020 en un enfrentamiento entre el Ejército y civiles en Nuevo Laredo, ciudad del estado de Tamaulipas fronteriza con Estados Unidos.
Romeo Ibarra Espinoza, dirigente del MAOLN, denunció que las Fuerzas Armadas no han considerado la recomendación 90/2021 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que acreditó que los militares «violaron el derecho a la vida por uso excesivo de la fuerza» de Genovés y otras dos víctimas.
Los familiares organizaron un mitin fuera de la base militar, una de las más importantes de la frontera sur de México, para exigir que los militares paguen por el crimen cometido.
Ibarra Espinoza remarcó que durante estos tres años han luchado por llevar a la cárcel los militares, quienes continúan laborando como si nada.
Durante la manifestación realizaron pintas en las bardas, monumentos y la malla del acceso principal con frases como “Cárcel para los militares asesinos» y «Ejército asesino».
Derivado de la muerte de Genovés, según los inconformes, la salud de la madre ha empeorado, pero la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no han hecho nada al respecto.
Según los manifestantes, 29 militares participaron en este hecho en Nuevo Laredo.
Además, denunciaron que sigue desaparecido Alejandro Tercero, primo de Genovés que lo acompañaba en dicha ciudad.
Indicaron que es necesario que el Ejército mexicano debe regresar a los cuarteles porque no están preparados para desempeñar las tareas de seguridad pública, sino que están entrenados para otras actividades.
La manifestación ocurre mientras ha crecido el rol de las Fuerzas Armadas bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, quien impulsó una reforma constitucional para asignarles tareas de seguridad pública.
Las denuncias de violaciones a derechos humanos se han acumulado, en particular en Nuevo Laredo, donde apenas el mes pasado trascendió un video, reconocido por López Obrador, en el que militares ejecutan a cinco personas en un muro.
En febrero pasado militares también mataron a cinco jóvenes en Nuevo Laredo, y en abril pasado, también ahí, un tiroteo de la Guardia Nacional dejó dos civiles muertos, incluyendo una mujer embarazada de ocho meses.
