La Paz.- Un proyecto de ley que busca proteger a los niños y adolescentes huérfanos de feminicidio fue presentado este jueves en el Parlamento de Bolivia. Algunos de los aspectos que plantea son: el pago de un bono, el acceso directo a universidades y terapias de rehabilitación para los menores. La propuesta legal fue hecha por la ‘Alianza por los huérfanos de feminicidio en Bolivia’ conformada por cerca de 40 instituciones y que «recoge las verdaderas necesidades de las familias» afectadas, dijo a EFE Mercedes Cortez, coordinadora de la Fundación Voces Libres.
El proyecto de ley propone el pago de un bono no menor a los 472 bolivianos (69 dólares), que equivale al 20 % del salario mínimo nacional, y que tendrá que cobrar el tutor o apoderado de los menores.
Además, la entrega de un subsidio alimenticio, la garantía estatal para que los menores accedan al sistema educativo e «ingresen de forma directa y gratuita» a las universidades u otros centros de formación públicos.
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Cortez agregó que la propuesta establece «la creación de equipos multidisciplinarios de psicólogos y trabajadores sociales» en cada departamento del país para que hagan el seguimiento de los casos y proporcionen «terapias de rehabilitación y recuperación».
La propuesta toma en cuenta a menores con discapacidad, hijos de mujeres que se suicidan como producto de la violencia machista y a los niños que quedan huérfanos en los casos en donde la mujer cometa el delito.
Bolivia «no tiene un registro oficial» o consolidado sobre el número de niños y adolescentes huérfanos por el feminicidio de sus madres, aseguró Cortez.
Un cálculo reciente estableció que existen 788 menores en esas condiciones, aunque según un conteo «no oficial» de la Fundación Voces Libres esa cifra asciende a unos 1.085 menores, añadió.
En la presentación del proyecto de ley se mencionó que es habitual que los huérfanos de feminicidio afronten episodios de abandono escolar, explotación laboral, abuso sexual y, en los casos extremos, lleguen al suicidio.
El proyecto anunciado esta jornada es el cuarto de la misma naturaleza que se ha presentado al Legislativo boliviano en los últimos cinco años ya que los anteriores no fueron considerados.
Otros países de la región tienen avances en este tipo de legislaciones, como Ecuador y Chile, donde se realizan pagos a favor de los menores en situación de orfandad por feminicidio.
Asimismo Uruguay que otorga un seguro de salud a los menores, además de Perú y Paraguay que tienen en agenda proyectos similares.
«Cada vez que se escucha en las noticias sobre un feminicidio, es volver a vivir el dolor y la herida nunca cierra», dijo a EFE Michelle Shaw.
La hermana de Michelle murió en 2017 y fue la víctima fatal en un caso que además de feminicidio fue un infanticidio, quedando tres niños en la orfandad.
El proceso legal para conseguir la sanción del agresor fue «una peregrinación en busca de justicia» hasta que después de cuatro años se obtuvo una sentencia y dos años después una «condena ejecutoriada», mencionó.
Michelle relató que su familia tuvo que «protestar» en las calles, «denunciar actos de corrupción e irregularidades dentro del proceso» para conseguir justicia.
«En muchos casos, los familiares se desgastan en el camino y dejan el proceso (judicial), lamentablemente por el trauma psicológico y por lo económico (…) muy pocos suelen salir adelante», afirmó.
La Fiscalía de Bolivia reportó 16 feminicidios y 14 infanticidios en el primer trimestre del año, una cantidad algo menor respecto al mismo periodo de 2023.
El país tiene vigente desde 2013 una ley que sanciona el feminicidio con 30 años de prisión sin derecho a indulto, la pena máxima en la legislación nacional, pero organizaciones feministas señalan que esa norma no se cumple a cabalidad por las demoras judiciales, falta de recursos económicos y de personal capacitado.
