Santo Domingo.- El gobierno dominicano estableció su posición ante la situación en Venezuela y rechazó la decisión de revocar a Brasil como representante de los intereses de Argentina en el país bolivariano.
“El Gobierno dominicano se une al firme rechazo internacional a la decisión del Gobierno venezolano de invalidar unilateralmente el reconocimiento concedido a la República Federativa de Brasil como representante de los intereses de la República Argentina en Venezuela, incluyendo la protección de sus bienes y archivos diplomáticos”, indica un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) publicado en X.
Subraya que este proceder es una flagrante violación a las normas internacionales, en especial las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares, de 1961 y 1963 respectivamente.
Asimismo, señala que esta acción agrava injustamente la persecución política contra ciudadanos venezolanos que han solicitado asilo en la Embajada Argentina en Caracas, bajo el amparo de los acuerdos de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático, de 1954.
“Reiteramos nuestra solidaridad con Argentina y Brasil en esta situación y exhortamos a Venezuela a cumplir con sus compromisos internacionales, respetando la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y los derechos de las personas bajo protección diplomática».
La información también indica que el gobierno dominicano condena la orden de arresto contra el opositor Edmundo González Urruti, al tiempo que lamenta que la persecución política en su contra le haya forzado a abandonar su país. En este sentido, “hacemos un llamado a las autoridades venezolanas para que, en un espíritu de diálogo, reconsideren su decisión y busquen vías diplomáticas que favorezcan la estabilidad y el respeto a los acuerdos internacionales”.
Venezuela retira a Brasil autorización
El pasado sábado, el Gobierno de Venezuela revocó la representación de Brasil en las sedes diplomáticas de Argentina en territorio venezolano, que incluye la «custodia de los locales de la misión», incluido «sus bienes y archivos», según un comunicado de Cancillería.
«Venezuela se ve obligada a tomar esta decisión motivada por las pruebas que se tienen sobre el uso de las instalaciones de esa misión diplomática para la planificación de actividades terroristas e intentos de magnicidio contra el presidente (…) Nicolás Maduro Moros y contra la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, por parte de los prófugos de la justicia venezolana que permanecen dentro de ella», suscribe el comunicado.
