Rumanía ha pedido a la Comisión Europea (CE) que revalúe el estatus de protección del oso pardo debido a los crecientes problemas que está causando su expansión, que llega a zonas pobladas, informó este martes el portal Transtelex.ro.
La idea planteada por el ministro rumano de Medio Ambiente, Mircea Fechet, significaría reformar el estado de protección para este animal que se impuso cuando se consideró que estaba en riesgo de extinción.
El éxito de esas políticas ha facilitado la reproducción del oso pardo europeo, especialmente en Rumanía, donde actualmente se cuentan 7.200 ejemplares, un 40 % de la población total del Viejo Continente.
Pero los osos, cuyo hábitat se encuentra principalmente en los Cárpatos, se acercan cada vez más a las zonas pobladas y están perdiendo el temor a los seres humanos.
En las últimas dos décadas, Rumanía registró 26 casos de personas matadas por ataques de osos, y más de 270 heridas.
Según el ministro, el daño causado por estos animales va en aumento. Entre 2017 y 2022 el Gobierno rumano ha pagado 6,2 millones de euros de compensación a personas afectadas, indicó.
«En los últimos cinco años se han registrado 6.400 llamadas de emergencia por ataques (de osos) contra personas y solo en 2021 se ha notificado más de 1.500 casos», puntualizó Fechet, citado por Transtelex.
La de Rumanía es la población más grande del oso pardo en Europa.
Pero «esta riqueza de la biodiversidad ha comenzado a poner en peligro el tesoro más valioso del país: la gente», enfatizó Fechet.
«Pedimos a la Comisión que vuelva a evaluar el estado de conservación de las diez poblaciones europeas de oso pardo considerando la Directiva sobre hábitats», para ver si la mantiene o adopta modificaciones como la aplicada a los lobos, explicó.
La Unión Europea (UE) ha apoyado en los últimos 30 años varios exitosos programas para rescatar el oso pardo de la extinción, a través de LIFE, un instrumento de apoyo de programas y políticas de protección de medio ambiente en los países miembros.
Los programa similares para los lobos fueron modificados recientemente, de forma que «los Estados miembros pueden establecer excepciones a las prohibiciones del régimen de protección rigurosa, también con el fin de proteger los intereses socioeconómicos».
