Sánchez Ramírez. – La seguridad militar del recinto Penitenciario de la Fortaleza Palo Hincado de Cotuí limitó por segunda ocasión el acceso a la oficina del alcaide de ese penal del comunicador Luis Ozuna, corresponsal de Producción José Gutiérrez CDN, El Nuevo Diario y del Periódico De Último Minuto, quién realiza un proceso de investigación de prensa para los medios que labora, este realizó un comunicado de indignación.
El comunicador tras haber recibido algunas informaciones sobre videos que circulan en las redes sociales y medios de comunicación, este buscaba esclarecer algunos puntos, siendo limitada su entrada al penal, por el ya traslado jefe de la seguridad Militar Mayor Vallejo.
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«Vallejo» hace ya varios días que entorpeció el seguimiento que realizaba Virgilio Almánzar, presidente del Comité de los Derechos Humanos, tras haber recibido denuncias de presuntos maltratos a algunos reclusos, luego esto desató que el Ministerio Público y otros organismos de seguridad penitenciaria y antidrogas realizaran una requisa, dejando como resultado la ocupación de presuntas sustancias controladas, armas blancas, cigarros, entre otras cosas.
En el día de hoy mientras el comunicador daba seguimiento a realizar un trabajo de prensa, la seguridad por instrucciones de su exencargado limitó el acceso, lo que originó que el corresponsal de medios y comunicador, realizara su opinión mediante un amplio escrito.
Comunicado de Luis Ozuna
Hoy nos volvieron a limitar el acceso y por ende, el trabajo a este recinto penitenciario de la Fortaleza Palo Hincado en Cotuí, cuya seguridad militar la estaba dirigiendo el Mayor «Vallejo», y en su gestión en una requisa realizada se ocupó dos kilos de presunta Cocaína y siete kilos de presunta Marihuana, además de armas blancas y objetos eléctricos y electrónicos.
Ya nos llega la información que el don ya tiene un saco lleno de sus objetos de oficina y sus motetes, ya que según se informó está trasladado.
Se espera que el ministro de Defensa Díaz Morfa, ordene las investigaciones de lugar y que se entienda que un traslado no es suficiente, sin ser sometido a un proceso de investigación, hasta que se apliquen sanciones por las faltas cometidas en el recinto durante su gestión.
Esto mutila la libertad de expresión y el trabajo de los medios de prensa en el país, tentado así contra la soberanía nacional dominicana.
