Nueva York.- La Sociedad de Ayuda Legal de Nueva York (Legal Aid Society), entidad que defiende gratuitamente a los acusados pobres de la ciudad expuso en un reporte el lunes docenas de quejas contra policías represivos en cuarteles del Alto Manhattan.
El informe dice que en las comisarías 33 y 34 que cubren el Alto Manhattan e Inwood, se documentaron 52 querellas contra agentes policiales asignados a esos cuarteles por abusos, represión, conducta oficial violatoria a los protocolos y brutalidad contra civiles.
Ayer martes, jóvenes que se la pasan en cuadras de un área del Alto Manhattan se acercaron a este reportero para denunciar el acoso de un oficial de apellido Apolonia del cuartel 33, que los detiene por menudencias como cantidades pequeñas de marihuana para consumo personal y dispositivos para inhalar humo.
Varios de esos jóvenes han sido llevados al cuartel 33 desde donde han tenido que ser liberados por falta de evidencias para acusarlos.
También alegan los denunciantes que el referido oficial les inventa delitos que nunca han cometido para justificar la represión.
La sociedad dice que el reporte proviene de la base de datos más grande de registros de mala conducta en la historia de la policía de Nueva York.
La entidad sin fines de lucro aseguró que todas las quejas están documentadas.
Explica que las querellas se extrajeron en una minuciosa investigación denominada “Búsqueda de Aplicación de la Ley”, que le permite ver las quejas hechas contra los oficiales de la policía de Nueva York en cada cuartel incluidos los del Alto Manhattan.
El cuartel 33 abarca el Alto Manhattan (Washington Heights) al sur de de la calle 179 Oeste y el 34 patrulla el vecindario al norte de esa misma calle incluyendo Inwood.
Al observar a los miembros activos de esas cuatro unidades (también se incluye una Unidad de Detectives para cada cuartel), los oficiales actuales han acumulado 52 quejas civiles fundamentadas en su contra, que incluyen problemas relacionados con amenazas de arresto, registros y fuerza física, según la base de datos de ayuda legal.
La Junta de Revisión de Quejas Civiles (CCRB), que supervisa todas las quejas presentadas contra los miembros de la policía define como fundamentadas una querella sobre conducta policial que ocurrió y violó las reglas.
Las 52 quejas fundamentadas se comparan con 1.156 querellas presentadas contra oficiales activos en el Alto Manhattan desde el año 2000.
Las fechas de denuncia en la base de datos actual se recogen entre noviembre de 1994 y agosto de 2015.
Pat Lynch, el presidente de la Asociación de Patrulleros Benevolentes (PBA), el poderoso sindicato de los policías de Nueva York, calificó la base de datos como nada nuevo, dado que la mayor parte de las denuncias ya han estado disponibles para el público.
«Esto no se trata realmente de transparencia, se trata de avanzar en la narrativa anti policial y facilitar que los que odian a los policías se dirijan a agentes de policía individuales», dijo Lynch en un comunicado.
«Es otra razón por la que los oficiales de policía de la ciudad de Nueva York están renunciando a tasas récord», añadió.
Se registraron unas 18,000 demandas presentadas contra más de 14,000 oficiales de la policía entre 2013 y el 30 de junio de 2022.
Más de 190,000 registros de la CCRB con acusaciones hechas contra oficiales de la policía, incluidos más de 1,000 informes completos de cierre de investigación obtenidos a través de solicitudes FOIL y de organizaciones asociadas, 9,000 registros internos de mala conducta del NYPD, incluidas las decisiones de juicio y los registros de la Oficina de Asuntos Internos, casi 15,000 registros judiciales y de la fiscalía de distrito, datos de nómina y lista de NYPD y oficiales del Departamento de Corrección (DOC) para todos los miembros del servicio actualmente empleados, más de 1,000 artículos archivados en los medios de comunicación sobre la mala conducta de los policías de Nueva York y cientos de registros de disciplina del personal del DOC, figuran en el reporte de la Sociedad de Ayuda Legal.
Con un fuerte respaldo sindical, funcionarios de la policía lucharon para mantener los archivos ocultos al público mediante el uso del artículo 50-a, una ley de transparencia que denegaba las solicitudes de acceso.
Pero el asesinato de George Floyd y las protestas masivas contra la brutalidad y violencia policial lograron que el Consejo Municipal de Nueva York derogara el artículo.
Los legisladores revocaron el 50-a en 2020, decisión que fue confirmada por un juez en 2021, lo que llevó al alcalde Bill de Blasio a declarar que fue “un buen libramiento” y se abrieron los registros disciplinarios de la policía al público por primera vez.
