Santo Domingo.- El hallazgo de irregularidades en el proceso de licitación para mejorar el centro de control de tráfico e instalar la red de semáforos del Gran Santo Domingo ha motivado la cancelación del contrato suscrito por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la empresa adjudicataria, Transcore Latam, S.R.L.
Según informó este lunes la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), tras analizar los documentos que integran el expediente administrativo y verificar los documentos recopilados con motivo de los reclamos y denuncias presentados ante el órgano rector, se constató la existencia de elementos que permiten la adopción de una medida cautelar de oficio.
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En ese sentido, la institución decidió suspender el contrato suscrito entre el Intrant y la razón social Transcore Latam, S.R.L., por un monto superior a 1,317 millones de pesos, para la “Contratación del servicio de modernización, ampliación y gestión del sistema integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórico del Gran Santo Domingo”.
La decisión de suspensión de oficio implica que las partes contratantes no podrán continuar con la ejecución del referido contrato, como medida provisional hasta que se decida sobre un recurso jerárquico y tres solicitudes de investigación interpuestas contra el resultado de la licitación.
El órgano rector detalló que ha podido constatar de manera preliminar que la oferta técnica de la empresa adjudicataria contiene documentos en el idioma inglés, sin las debidas traducciones.
Asimismo, verificó que, pese a que la empresa contratista alega tener una experiencia de 19 años en contratos de naturaleza y magnitudes similares, su registro mercantil aportado en la oferta técnica acredita que fue constituida en el año 2022.
“Esta Dirección General, tras haber evaluado la probabilidad de un daño irreversible, ha podido comprobar que, en atención a las supuestas irregularidades denunciadas, se evidencia la necesidad de evitar que se continúe con la ejecución del contrato referido, hasta tanto se determinen si esas irregularidades tienen mérito o no», apuntó la información.
La nota subraya que, ante indicios de irregularidades que afectarían eventualmente la continuidad de la contratación, mantener el contrato suscrito podría suponer mayores perjuicios que beneficios.
La DGCP detalló que con esta decisión se busca garantizar el interés general, el uso eficiente del gasto público y el respeto de los principios sobre los que deben regirse las contrataciones públicas.
La investigación por parte de la CGCP se llevó a cabo a raíz del recurso jerárquico presentado por la razón social ESC Group, S.R.L. y las denuncias interpuestas por las empresas Sistemas Integrados de Control, S.A. (Sictranscore), Ricardo Echandi; la razón social Transcor LP; Icontrol, S.R.L. y Kapsch Trafficcom Dominican Republic.
