Trasladan a sala de audiencia imputados de la Operación Colibrí

Santiago, RD.- Trasladaron este jueves a la sala de audiencia del Primer Tribunal Colegiado de la ciudad de Santiago, los 16 involucrados en la red de denominada “Operación Colibrí» quienes esperan que el tribunal conozca la solicitad de medida de coerción a los imputados acusados por el Ministerio Público de falsificación de documentos públicos.

Los implicados según la fiscalía se dedicaban a la falsificación de licencias de conducir, diplomas de bachillerato, actas de bautismo, matrimonio y actas de defunción, títulos universitarios, títulos de propiedad, licencia para el porte y tenencias de armas de fuego, cédula de identidad para venderlos a ciudadanos dominicanos y extranjeros.

La medida cautelar se conocerá en el Primer Tribunal Colegiado por asunto de espacio y la presidirá la jueza de la Oficina del Tribunal de Atención Permanente del Distrito Judicial de esta ciudad.

En los pasillos del Palacio de Justicia se encuentran familiares y amigos de los encartados que se presentaron para apoyar a sus parientes.

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Integrantes en la operación Colibrí

Los integrantes de la Operación Colibrí son Luis Manuel Rodríguez Taveras, William Ramón Rodríguez Rodríguez, Samuel Elías Ceballos Ramos, Ana Delia Isidra Tavarez Soto, Tomás Enmanuel Rojas Guzmán, Julio César Almonte Espinal, Arsenio Rafael Reyes.

También Yanuel Morales, Noel de Jesús Padilla Minaya, Fausto Merán, José Rosario Marte, José Alfonso Acevedo García, José Miguel Cruz Hiraldo, Rubén Amauris Ramírez, Rubén Darío Núñez Ortega y José Carlos Montero Troncoso, este último, un empleado de la Junta Central Electoral.

El Ministerio Público sostiene que las actividades fraudulentas en las que se especializaron los imputados, amenazaron la seguridad jurídica y permearon la confianza institucional, además, vulneraron el sistema del Registro Civil del país.

La Fiscalía de Santiago presentó contra los imputados cargos provisionales por violación a los artículos 265, 266, 145, 147, 148, 150 y 151 del Código Penal Dominicano.

También los artículos 13 y 14 numeral 4 de la Ley 8-92 sobre Cédulas de Identidad y Electoral; artículos 86 y 88 de la Ley 172-13 sobre Protección Integral de los Datos Personales; artículo 6 párrafos 17, 18 y 19 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

De acuerdo a la acusación varios de los imputados operaban en los alrededores de las dependencias de la JCE.

De ese modo ofrecian diversos servicios a ciudadanos para falsificar documentos.

Esto lo hacía a cambio del pago de sumas que oscilan entre 5,000 y 20,000 pesos, dependiendo del tipo de documento requerido.