La Paz. – Un tribunal leyó este miércoles la sentencia a diez años de reclusión contrala expresidenta Jeanine Áñez, por la crisis de 2019, en medio de una polémica en Bolivia por las observaciones de organismos como la ONU de que la expresidenta interina del país debió tener un juicio de responsabilidades en el Parlamento.
El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz convocó la audiencia virtual para las 15.00 hora local (19.00 GMT), pero inició con más de una hora de retraso la lectura del fallo del caso conocido como «golpe de Estado II», en el que se le acusó a Áñez de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes.
La exmandataria interina siguió el acto jurídico desde el Centro Penitenciario de Miraflores en La Paz, donde está detenida preventivamente desde hace más de un año, acompañada de una de sus abogadas y sin las complicaciones de salud que manifestó en las sesiones finales del juicio.
La sentencia
El tribunal empezó la lectura de la sentencia, que dictó el viernes pasado, con las acusaciones de la Fiscalía, Ministerio de Gobierno y Procuraduría General del Estado y luego continuó con los argumentos expuestos por la defensa de Áñez y de los exjefes policiales y militares durante el juicio.
Entre los argumentos de la Fiscalía están la que se cree fue una «actitud premeditada» de Áñez para hacerse con la Presidencia del país, luego de la renuncia del entonces presidente Evo Morales, su vicepresidente y las cabezas del Senado y la Cámara de Diputados.
Los señalamientos del Ministerio de Gobierno apuntaron a que la entonces segunda vicepresidenta del Senado accedió al principal cargo público «autoproclamándose» y realizando al menos «15 decisiones» contrarias a la Constitución, leyes y reglamentos de ambas Cámaras legislativas.
Las acusaciones estuvieron relacionadas a que Áñez, como segunda vicepresidenta del Senado, no debió asumir la Presidencia, sino convocar a una sesión parlamentaria en la que se efectuara la elección de una nueva directiva presidida, por reglamento, por legisladores del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).
La defensa
La defensa de Áñez, por su lado, aseguró que asumió la Presidencia debido al «vacío de poder» que generó la renuncia en cadena de Morales, sus ministros, los presidentes del Legislativo, y todos los que estaban en la línea de sucesión.
Tanto la Fiscalía con el Ministerio de Gobierno ya anunciaron que apelarán la sentencia y pedirán que se aplique la pena de 15 años de cárcel contra Áñez, mientras que su defensa hará lo propio y también acudirá a ante instancias internacionales para lograr la libertad de la expresidenta interina.
Polémica por juicio ordinario
En la víspera, el relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de la ONU, Diego García-Sayán, manifestó su preocupación por las revelaciones de Morales sobre una «reunión política» en la que se decidió procesar por la vía ordinaria a Áñez.
García-Sayán, que visitó Bolivia en febrero pasado por invitación del Gobierno del presidente Luis Arce, señaló también que «tienen derecho a juicio de responsabilidades quienes hayan ejercido la presidencia» y que esto es algo que está «al margen de cómo surgió su mandato».
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Este miércoles, Morales le respondió a García-Sayán y lo acusó de apoyar a los «golpistas» y de «convertirse en instrumento del intervencionismo judicial contra el derecho a la Justicia» del pueblo boliviano.
Por su parte, los principales líderes de oposición como el expresidente y jefe de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, y el de Creemos, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, calificaron el pronunciamiento de García-Sayán de «contundente».
El proceso
Mesa y Camacho consideraron que el proceso contra Áñez debe anularse, a lo que se sumó también el expresidente Jorge Quiroga; que, además, pidió que otros organismos internacionales que reconocieron la presidencia interina de Áñez en 2019 se manifiesten.
Asimismo, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia, Ricardo Centellas, manifestó que en 2019 «no hubo golpe (de Estado), hubo fraude»; y pidió que el proceso contra Áñez se revise «con objetividad».
Junto a Áñez fueron condenados a 10 años de prisión el excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y el excomandante de la Policía Yuri Calderón, ambos en paradero desconocido, mientras que otros exjefes militares recibieron penas menores de entre cinco y dos años.
La expresidenta interina fue detenida en marzo de 2021 acusada de terrorismo, sedición y conspiración en el caso «golpe de Estado I», del que luego derivó el proceso «golpe de Estado II».
