Acusaba al Gobierno el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana de judicializar la política, acorralado por la lluvia de delitos y crímenes imputados a dirigentes, funcionarios civiles y militares ligados al ex presidente Medina y a familiares directos de estos.Huelen azufre y cunde el metano con estos alaridos provocados por el uso excesivo de antidiarreicos y dicigóticos.
Pierden de vista la realidad del caso Atiemar, con el narcotraficante condenado en España, por el trasiego protegido desde la República Dominicana, de más de 10 toneladas de cocaína, a quien Leonel Fernández autorizó, sin ninguna garantía, ni requisito financiero, que el Banco de Reservas le prestara US$18 Millones de dólares para construir esa torre. Nadie con este escándalo trasnacional fue,ni ha sido investigado, ni por Leonel Fernández, ni tampoco en el gobierno del Presidente Medina. Se judicializó la Política con la suspensión de los jueces Awilda Reyes y Arias Valera.
Judicializó la política el Gobierno de Leonel Fernández, el Caso Sunland, US$130 millones de dólares que un banco privado lavó, recibiendo como contrapartida la concesión del muelle de Sans Souci, por 50 años, a fin de que ni el presidente, ni la empresa, ni los funcionarios pudieran comparecer ante los tribunales por estas actividades delictivas.
Sufre la judicialización de la política el coronel Picini, con los sobornos al Senado por parte de la empresa brasileña Embraer, para la compra de los aviones Tucano, ningún Senador, ningún funcionario del Gobierno, pero ningún político que desde el Senado, la Cámara de Diputados, ni del Ministerio de Economía planificación y desarrollo, fueron siquiera investigados por el Ministerio Público, a pesar de que esta empresa se declaró culpable ante la justicia de los Estados Unidos, de haber sobornado con US$3.5 Millones de dólares para aprobar esta operación, por lo cual pagó una multa al Tesoro por US$ 2500 Millones de dólares.
Judicializo Danilo Medina el escándalo de corrupción y asesinato de Yuniol Ramírez, en la Oficina Metropolitana de autobuses, donde el Ministerio Público, con todo descaro, creo dos expedientes paralelos, uno por asesinato y otro por corrupción a fin de evitarla implicación criminal del incumbente, dirigente zonal y del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana.
Al hablar de la judicialización de la política, deberían recordar el buen ejemplo del caso Figueroa Agosto, donde ningún narcotraficante, como con Arturo del Tiempo, fue condenado, por la reducción penal y criminal que, el Jefe de la Policía y el Presidente de la Dirección Central de Control de Drogas, dirigidos por el procurador Radhames Jiménez, al convertir este caso en un culebrón sobre la vida sexual de mujeres y la crónica rosa de Junior Cápsula. –
¿Qué harían Leonel, Danilo, Cristina, Abel, Julio César Valentín, si Luis Abinader judicializara el Peaje Sombra de Samaná?
