La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), a través de su directora general, Audrey Azoulay, convocó un diálogo global para regular a las compañías de redes sociales y limitar la propagación de información falsa por el Internet.
En un discurso desde París, ante legisladores, periodistas y representantes de la sociedad civil, insistieron en alcanzar un consenso mundial para ayudar a que el internet sea un espacio seguro y con información verificada.
La conferencia de dos días celebrada en la capital francesa, donde tiene su sede central la agencia de la ONU, pretende formular directrices que ayudarían a que los reguladores, gobiernos y empresas manejen el contenido que socava la democracia y los derechos humanos, al tiempo que respaldan la libertad de expresión y promueven el acceso a información precisa y confiable.
El diálogo global que promueve la Unesco está dirigido a proporcionar las herramientas jurídicas y los principios de rendición de cuentas para que las compañías de redes sociales contribuyan al “bien común”, dijo Azoulay durante una entrevista con AP.
“Esto limitaría los riesgos que vemos y vivimos hoy en día, la información falsa y las teorías de conspiración que se propagan más rápido que la verdad”, añadió.
La conferencia internacional daría como resultado la presentación por la Unesco, a mediados de 2023, de unas directrices mundiales para gobiernos, organismos reguladores y empresas digitales.
El año pasado, la Unión Europea (UE) sufrió un proyecto de ley que obliga a las grandes compañías tecnológicas como Google y Meta, dueña de Facebook, a vigilar sus plataformas más estrictamente para proteger a los usuarios de los discursos de odio, la desinformación y el contenido dañino.
La Ley de Servicios Digitales es una de las tres regulaciones importantes de la UE que está dirigida a la industria tecnológica.
Sobre este ámbito, el Tribunal Supremo de Estados Unidos (EE.UU.) convocó esta semana a Google para evaluar si es responsable de las recomendaciones que sus algoritmos hacen a sus usuarios en un caso con implicaciones en la libertad de expresión y Twitter para determinar si es responsable de ayudar a instigar un atentado terrorista, al no eliminar correctamente el contenido publicado por organizaciones vinculadas con este crimen.
Ambos casos están vinculados con el artículo 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, aprobada en 1996, que establece que un “servicio informático interactivo” no puede ser tratado como editor o emisor de contenidos de terceros.
Fuente: AP
