Santo Domingo.- El abogado y analista político Yovanny Díaz, explicó este jueves, varios puntos referentes a la Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes, sometido por el presidente Luis Abinader al Senado de la República el pasado 12 de diciembre del 2022.
El jurista explicó que el referido proyecto, establece que los inmigrantes ilegales a la República Dominicana no se beneficiarán de los programas de atención, asistencia y protección, ni tampoco podrán aprovechar el principio de no devolución que está limitado a las víctimas de trata de personas en la misma ley.
«Esta ley no está realizada para legalizar a ningún migrante, ni para otorgar nacionalidad. No contempla nacionalizar a nadie», manifestó el analista durante su intervención en el programa Politikal, que se transmite por la emisora KQ 94.5 y las plataformas de De Último Minuto.
Calificó de monstruo, el hecho de decir que están haciendo ley para declarar y nacionalizar extranjeros.
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Yovanny Díaz sostuvo que los beneficios citados en dicha pieza, corresponden a las víctimas de trata de personas, que son aquellas personas que han sido sometidas a captación y retención, mediante el uso de violencia, por un individuo o grupo delictivo con fines de explotación o esclavitud.
Por igual, los menores de edad y personas con discapacidades psíquicas o mentales que hayan sido objeto de tráfico ilícito de migrantes podrán recibir asistencia y ser parte de los programas de atención disponibles, pero sí serán sujetos de devolución a sus países de origen.
Otro punto analizado por Yovanny Díaz fue las causales, de lo que dijo hay otros factores que se pueden agregar, como es el embarazo forzado.
La solicitud
El Poder Ejecutivo pretende que con esta ley se le atribuyan nuevas funcionales a la Comisión Interinstitucional para el Combate a la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes de República Dominicana (Citim), para “dar una respuesta coordinada de todas las instancias que políticamente administran y suplen los servicios de atención a las víctimas, cuya Presidencia será ejercida de manera rotativa cada dos años, conforme al orden sucesivo indicado en el artículo de integración del pleno, el cual está determinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio Público, de la Mujer, un representante del Poder Judicial designado por el pleno de la Suprema Corte de Justicia; la Dirección General de la Migración, el Consejo Nacional de la Niñez, la Policía Nacional, el Ejército de la República, Ministerio de Trabajo, el Instituto Nacional de Migración, el Ministerio de Turismo, de Interior y Policía, la Armada de la República Dominicana, el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), el Ministerio de Educación y el Servicio Nacional de Salud (SNS)”.
“A través de este proyecto de ley, el Estado responderá integralmente a la trata de personas en todas sus modalidades, la explotación sexual, la esclavitud sexual, el matrimonio o unión forzada, el matrimonio o unión servil, la adopción irregular, la esclavitud, la venta o alquiler de niñas, niños o adolescentes, el trabajo forzado, la mendicidad forzada, la explotación laboral, la utilización de niñas, niños y adolescentes en la comisión de hechos delictivos, extracción ilícita de órganos, el tráfico ilícito de órganos, la experimentación biomédica ilícita y otras formas de explotación”, dijo el mandatario Abinader en su carta a Eduardo Estrella, presidente del Senado, al depositar el proyecto.
Vulnerable es aquel cuya autonomía, dignidad o integridad pueden ser amenazadas. El principio no sólo requiere no-interferencia en la autonomía, integridad y dignidad de los seres, sino que reciban ayuda para permitirles desarrollar su potencial.
