Santo Domingo.- El abogado José Martínez Brito aseguró que la fiscalización que está haciendo el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) es una “franca” violación a Ley No. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y a los derechos fundamentales de los motociclistas.
“Pocas veces hablo de temas personales, y ustedes saben que yo soy motociclista como un estilo de vida, lo disfruto y para mucha gente este fin de semana será terrorífico porque el Intrant pondrá en vigencia la revisión de los registros de motocicletas, dígase, el número que se le coloca al casco en la parte de atrás”, dijo durante su exposición en Esto no es Radio.
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Expresó que esta medida es agresiva y que esta entidad aún no lo ha entendido, a pesar de que se lo ha dicho el defensor del pueblo, la ciudadanía, y los tribunales del país.
Criticó esta transgresión ya que, según indicó, la ley establece la fiscalización de las motocicletas que están destinadas al transporte de pasajeros, y no a las motos de uso recreativo. “Esto no ha pasado por el Congreso y también me cobrarán un impuesto que tampoco lo han visto los legisladores”.
Aseguró que la razón por la que se ha violentado este proceso es porque quieren hacer una reforma fiscal sin hacer una “reforma”, ya que cobrarán 600 pesos por cada moto para un registro que no está en la ley
Manifestó que colocar un código QR en el casco de un motociclista con todos sus datos y que estén en una página .Com y no punto .Gob es otra infracción a los ciudadanos.
“Yo llevé mi moto a registrarse y hay que acatar hasta que un tribunal no establezca que la resolución no es correcta. Lo hacemos para no pasar por el mal rato con los agentes”.
Varias licencias por conductor
Martínez Brito destacó que las licencias que se están entregando son por los vehículos y no para los conductores, lo que significa que, si una persona tiene dos motos, deberá registrarlas y tener una licencia para cada una.
“Si quieren hacerlo diferente modifiquen la ley, ningún ciudadano está supuesto a hacer lo que la ley no manda”.
Comunicó que el pasado miércoles depositaron ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) un recurso de amparo de “extrema urgencia” para tratar de detener esta ley.
