El huracán Fiona ha afectado sensiblemente a la República Dominicana, especialmente en la zona este, donde el gobierno está haciendo un levantamiento de los daños causados por este fenómeno natural.
Para hacerle frente a estos episodios, dentro de las normativas dedicadas a mejorar la mitigación y respuesta ante desastres naturales, la Ley Orgánica de Presupuesto No. 423-06 asigna un 1% de los Ingresos Corrientes—con autorización de adicionar un 0.5% del PIB nominal de ser necesario—estimados del Gobierno Central para cubrir imprevistos por calamidades públicas.
En el Artículo 67, sobre Financiamiento para gestión de riesgos por desastres naturales, «se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a contratar financiamiento y/o instrumentos contingentes de gestión de riesgos ante desastres originados por fenómenos naturales, por un monto máximo de trescientos millones de dólares estadounidenses (US$300,000,000), a una tasa de interés y comisiones compatibles con las vigentes en el mercado para la República Dominicana y con un plazo mínimo de 7 años, con la finalidad de contar con recursos para la atención de emergencias, rehabilitación y/o reconstrucción de daños causados por desastres originados por fenómenos naturales».
Si tomamos en cuenta la tasa de cambio promedio que se utilizó para la confección del Presupuesto General del Estado (60.93) serían un poco más de 18 mil millones de pesos.
Como opción de financiamiento ante desastres, el Gobierno dominicano accedió a la línea de crédito contingente ante desastres (CAT-DDO) originados por fenómenos naturales o eventos de salud pública por un monto de US$150 millones.
Lo que dice la Ley No. 423-06
Junto al Banco Mundial (BM) se han realizado esfuerzos para obtener una cuantificación inicial de los pasivos contingentes asociados a los desastres naturales, así como una estimación de las pérdidas económicas potenciales causadas por estos fenómenos de gran magnitud.
La República Dominicana por su condición de país insular es altamente vulnerable al incremento en frecuencia y en intensidad de los fenómenos atmosféricos en los últimos 60 años, estos siendo intensificados por la evolución del cambio climático. Las principales amenazas que aquejan al país son tormentas tropicales e inundaciones, y en menor grado de ocurrencia sequias, sismos e incendios forestales.
En las últimas décadas la frecuencia con la que ocurren desastres ha pasado de un evento cada dos años en promedio en la década de los años 1960, casi un evento por año en la década de 1990 y 2.3 eventos por año en la década del 20102.
De igual forma, los efectos adversos del cambio climático y la concentración poblacional han incrementado el grado de exposición de las ciudades y el impacto de estos fenómenos.
Entre 1960 y 2017, las pérdidas directas e indirectas provocadas por los eventos más severos en la República Dominicana se estimó en US$ 8,606 MM (dólares de 2015). Estos eventos importantes contaron con procesos detallados de evaluación de pérdidas directas e indirectas, permitiendo cuantificar las afectaciones a nivel sectorial, donde la mitad de las pérdidas se concentra en los sectores agrícolas y de infraestructura de transporte. Es importante destacar, que dichas pérdidas corresponden a afectaciones tanto para el sector público como privado e informan sobre el shock financiero por desastres a nivel nacional.
Al asumir esos pasivos contingentes, el Gobierno ha creado varios antecedentes y muy probablemente, se verá obligado (por presión social o política) a volver a asumir esos pasivos en caso de desastres futuros. Dicho esto, la cuantificación del impacto y la contingencia que estos eventos generan es relevante hoy para poder hacer frente a futuras eventualidades.
Como parte de la colaboración del BM, se elaboró el Perfil Nacional de Riesgo Catastrófico (CDRP por sus siglas en inglés), el cual permite evaluar las pérdidas económicas probables asociadas a la amenaza sísmica y de vientos huracanados para República Dominicana. El CDRP es una estimación de las potenciales pérdidas económicas por afectación a los bienes inmuebles causados por eventos naturales adversos de gran magnitud, (catastróficos) y están relacionados a las afectaciones por huracanes (componente de viento) y sismos. Dicha evaluación sirve como indicador de referencia en la toma de decisiones sobre los instrumentos financieros a implementar y sus coberturas.
El nivel de riesgo en términos económicos se expresa a través de las curvas de probabilidad de excedencia de pérdidas. A partir de estas medidas, se derivan dos métricas claves para la protección financiera: la pérdida promedio anual y la pérdida máxima probable (AAL y PML, respectivamente, por sus siglas en inglés). La pérdida promedio anual se define como el valor esperado de la distribución de pérdidas modeladas, y corresponde al promedio de las pérdidas potenciales incurridas en el muy largo plazo. La pérdida máxima probable se define como el nivel de pérdida que se superará por lo menos una vez, en un periodo de retorno específico.
En el marco del CDRP, el cálculo del valor total de la exposición de los bienes inmuebles en la República Dominicana arrojó un monto de US$153,000 MM y se concentra en un 43.0% en el área metropolitana del Gran Santo Domingo.
La distribución de los bienes expuestos en términos de áreas urbanas y rurales es de 85.0% y 15.0%, respectivamente. Se considera que aproximadamente el 24.0% del stock de capital bruto en el país es público y el resto privado.
Las curvas de excedencia de pérdidas del modelo CDRP indican que existe una probabilidad anual de un 2% (periodo de retorno de 50 años) de que las pérdidas por terremoto superen los US$3,176.0 millones (3.6% del PIB de 2021); Existe una probabilidad anual del 2% de que las pérdidas por huracanes superen los US$ 6,124 MM (6.9% del PIB de 2021). De acuerdo a estas estimaciones las pérdidas potenciales por vientos huracanados son más importantes que las pérdidas por sismos en períodos de retorno menores, pero son muy similares para periodos de retornos mayores.
Las estimaciones del CDRP indican que, a nivel nacional, las pérdidas potenciales incurridas cada año, se elevan a US$ 345 MM para vientos huracanados (0.4% del PIB de 2021) y a US$ 297 MM (0.3 % del PIB de 2021) para sismos. A nivel provincial, las pérdidas anuales promedio por sismos y huracanes varían dependiendo de la vulnerabilidad de los bienes localizados en las provincias y de la exposición de cada provincia a la amenaza considerada.
Debido a las vulnerabilidades que el país presenta ante este tipo de riesgo se han implementado diversas estrategias de mitigación para garantizar una gestión efectiva de las potenciales amenazas, una respuesta inmediata y una rehabilitación integral de las principales zonas afectadas.
A través de la Ley 147-02, sobre Gestión de Riesgos, se crea el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres (SN-PMR) como el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los objetivos de gestión de riesgos.
Asimismo, esta normativa da lugar al Fondo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres (FN-PMR), este es un instrumento de la Comisión Nacional de Emergencias y posee autonomía administrativa, técnica y financiera. Este fondo tiene el propósito de prestar asistencia a la población en caso de desastres y de llevar a cabo la constante prevención y mitigación del impacto de estos riesgos.
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) se encarga de la planificación de las acciones entre las instituciones del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta.
La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) es el organismo de credibilidad en la población, siendo los portavoces válidos y confiables frente a la comunidad nacional e internacional en momento de un desastre.
Dentro de las normativas dedicadas a mejorar la mitigación y respuesta ante desastres naturales, la Ley Orgánica de Presupuesto No. 423-06 asigna un 1% de los Ingresos Corrientes—con autorización de adicionar un 0.5% del PIB nominal de ser necesario—estimados del Gobierno Central para cubrir imprevistos por calamidades públicas.
Como opción de financiamiento ante desastres, el Gobierno dominicano accedió a la línea de crédito contingente ante desastres (CAT-DDO) originados por fenómenos naturales o eventos de salud pública por un monto de US$150 MM.
El CAT-DDO responde a la implementación de la estrategia de endeudamiento público, que incluye disponer de instrumentos contingentes para socorrer a los damnificados de una catástrofe sin necesidad de obtener financiamientos acelerados con mayores costos o desviar recursos de otras inversiones prioritarias proporcionando así liquidez oportuna en caso de declararse un Estado de Emergencia para responder a una catástrofe.
