Santo Domingo. – El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) manifestó este lunes que el Estado y sus funcionarios deben ser garantes de los derechos de la infancia, tras las recientes muertes violentas en el país de un niño y una adolescente presuntamente por empleados públicos.
En un comunicado, la representante de Unicef en República Dominicana, Rosa Elcarte, se refirió al fallecimiento de Donaly Martínez, de 12 años, por el disparo de un policía y de Esmeralda Richiez, de 16, en el que el principal sospechoso es un profesor.
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«Reafirmamos nuestro compromiso con el apoyo técnico para el fortalecimiento de capacidades, de manera que ningún chico o chica vuelva a perder la vida en manos de las autoridades policiales o cualquier otro integrante del Estado dominicano» y «nos comprometemos a seguir trabajando arduamente para evitar que estas situaciones se vuelvan a dar», aseguró.
Unicef, indicó, «confía en las autoridades para que la investigación sea rápida, imparcial y transparente y con resultados para definir responsabilidades».
Respecto al caso de Donaly Martínez, consideró que habría que revisar «si el protocolo (de actuación policial) se encuentra actualizado, si los agentes han sido adecuadamente formados y si estaban preparados para actuar» en situaciones como eventos masivos o populares.
Por otra parte, manifestó, “dolorosamente frecuente» es el caso de Esmeralda Richiez, cuyas «circunstancias no están completamente claras, pero los hechos públicos son sumamente preocupantes”.
“Estos tristes sucesos se suman a otros ocurridos anteriormente en territorio dominicano, en los que los niños, las niñas y adolescentes son objeto de violencia física y de abuso y explotación sexual”, añadió.
Para Elcarte, en República Dominicana hay «una excesiva normalización de las relaciones sexuales entre adultos y personas menores de edad, sin tener en cuenta que estas implican violencia sexual».
Alertó de que, según diferentes estudios, en el país el 65 % de las adolescentes entre 15 y 17 años ha sufrido violencia sexual en algún momento de su vida y un 2 % de mujeres jóvenes tuvo un hijo antes de los 15 años, hechos bajo los cuales se dan frecuentemente situaciones de abuso, incesto y violencia sexual.
Para proteger a los menores, la responsable de Unicef resaltó que el Código Penal debe dejar claro que no se acepta ningún tipo de violencia contra menores, en cualquier entorno, incluido el digital.
Además, hace falta una ley para definir la edad que determine cuándo es posible el «consentimiento» para mantener relaciones sexuales, las cuales se considerarían violaciones en caso de no alcanzar esos años.
Abogó también por «el diseño de políticas públicas que promuevan la prevención, la recolección de datos, la persecución de los perpetradores y la asistencia de las víctimas de abuso sexual” e instó a que funcionarios o empleados públicos como agentes de la ley, procuradores y jueces, maestros, sanitarios y quienes traten con menores reciban formación con el objetivo de «eliminar completamente la violencia psicológica, física y sexual».
