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Santo Domingo. – La expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y activista María Teresa Cabrera afirmó este domingo que los apresamientos llevados a cabo por el Ministerio Público en la denominada Operación Calamar corresponden con un reclamo de la ciudadanía, manifestado a través del movimiento Marcha Verde.
Cabrera señaló que estos contribuyen a revivir el optimismo respecto a que la lucha contra la corrupción y la impunidad que el pueblo dominicano ha reclamado en la última década, viendo ahora qué nuevas investigaciones buscan castigarla severamente.
‘’Estas acciones del Ministerio Público fortalecen la seguridad de que no fueron en vano los reclamos de Marcha Verde, de las Cadenas Humanas y Justicia Fiscal, movimientos que reclamaron por todo el país, el encarcelamiento de los corruptos y el fin de la impunidad” apuntó Cabrera.
La precandidata presidencia del Congreso Cívico y el Frente Amplio, resaltó que el proceso de pesquisa a los corruptos de toda laya debe continuar, y la justicia decidir castigos ejemplares para sentar precedentes y que la práctica de apropiarse de los recursos del pueblo no se repita, ni tenga lugar en el presente, ni en el futuro.
El caso
Un total de 40 allanamientos en diferentes partes del país dejó detenidos a varios exfuncionarios de la gestión de gobierno de Danilo Medina, informó este domingo la Procuraduría General de la República (PGR)
Entre los detenidos se encuentran el exministro de la Presidencia José Ramón Peralta, de Hacienda Donald Guerrero y de Obras Públicas Gonzalo Castillo, y del excontralor general de la República Daniel Omar Caamaño.
Entre los otros detenidos están el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Luis Miguel Piccirilo, el exdirector de Catastro Nacional Claudio Silver Peña y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
También Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.
Según un comunicado de la PGR, la imputación preliminar del Ministerio Público es de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente y lavado de activos, entre otros.
