A partir de 1960, las elecciones dominicanas han experimentado varios cambios en su organización, alternando entre ser celebradas de manera conjunta, presidenciales, congresuales y municipales, y también de manera separada.
En un principio, la reforma constitucional de 1960 introdujo la elección directa de las autoridades locales, estableciendo un periodo de dos años para sus gestiones. Las primeras votaciones municipales separadas se celebraron en diciembre de ese mismo año.
Durante la era democrática, después del ajusticiamiento de Trujillo, las elecciones municipales y las presidenciales se mantuvieron unidas para 1966, a excepción de un breve periodo en 1968, cuando se celebraron de manera separada en un esfuerzo por reducir las tensiones políticas de la época y dar mayor autonomía a los gobiernos locales. Sin embargo, esta separación fue breve, ya que se volvieron a unificar en los comicios siguientes.
La situación se mantuvo así hasta 1994, cuando una crisis política llevó a la separación definitiva de las elecciones. A partir de entonces, se estableció un ciclo de elecciones cada dos años: primero las congresuales y municipales juntas, seguidas de las presidenciales.
Esta dinámica continuó hasta la reforma constitucional de 2010, que extendió el mandato de las autoridades electas en 2010 hasta 2016, unificando nuevamente las elecciones en los tres niveles.
En 2020, se retornó a la separación de las elecciones, tal como lo dispone el artículo 209 de la Constitución actual, sin pensar, como siempre, en la elevadísima carga presupuestal. Sin embargo, debido a problemas técnicos de unos equipos de automatización que no sirvieron (1,038 millones de pesos tirados a la basura), las elecciones municipales de febrero de ese año fueron aplazadas para marzo, y cuatro meses después se produjeron las elecciones extraordinarias generales presidenciales y legislativas. Para esos montajes, la JCE destinó RD$9,054,882,449.28, distribuidos en las primarias del 2019, las dos elecciones municipales y una general en 2020.
Pero el proceso electoral de este 2024 fue más caro, si se toma en cuenta que no hubo elecciones fallidas y que no se invirtieron millonadas en el voto electrónico. En esta, que estaban en juego 4,117 cargos en los niveles municipales, congresuales y presidencial, se gastaron RD$$8,369,978,324.72, de acuerdo a los datos suministrados por la Junta Central Electoral (JCE), a medios de comunicación.
De este monto, RD$5,065,463,050.90 fueron para escoger a las autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo, y RD$3,304,515,273.82 se destinaron al montaje de las votaciones de las autoridades municipales.
Con toda la razón, estas enormes partidas presupuestarias han sido temas de grandes debates y constantes críticas al sistema electoral.
Por eso, la propuesta del presidente Luis Abinader, de unir las elecciones municipales con las presidenciales y congresuales, es uno de los puntos más saludables del proyecto de reforma constitucional que sometió el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional la semana pasada.
En primer lugar, porque unificar las elecciones propiciará un ahorro significativo en términos de costos, de unos 3,000 mil millones de pesos. Es decir, que esta reduciría considerablemente el gasto asociado con la logística, la publicidad y la administración electoral que sale de los bolsillos de cada ciudadano mediante impuestos.
Además, la integración electoral conduce a una importante eficiencia administrativa al simplificar la organización del proceso electoral, así como aprovechar los recursos y la infraestructura existentes para un solo evento electoral, que disminuiría la duplicación de esfuerzos y la necesidad de personal adicional.
Esta aspiración del Ejecutivo, contenida en su proyecto constitucional, permite seguir eliminando sustancialmente el gasto innecesario y destinar millonarios ahorros a atender las prioridades de los sectores más vulnerables de la nación. Ojalá que a esta valiosa iniciativa también le pongan candado.
