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Santo Domingo. – Entre 2013 y 2014, Carlos Ramón Salcedo Camacho se convirtió en uno de los mayores beneficiarios de sentencias judiciales contra el Estado dominicano, al recibir casi 150 millones de pesos en dos procesos distintos.
El primer pago, de 141 millones de pesos, le fue otorgado en 2013 tras una sentencia de amparo dictada en 2012. El caso estaba vinculado a una deuda del Instituto Agrario Dominicano (IAD) con los sucesores de Oliver Cromwell Arthur Connor, de quienes Salcedo Camacho habría adquirido los derechos.
Pero la historia no terminó ahí. Solo un año después, en 2014, Salcedo recibió otros 8.3 millones de pesos, esta vez como resultado de una cesión de derechos relacionada con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la empresa Servicios y Construcciones Espaillat, en cumplimiento de una sentencia emitida en 2009.
El Estado sigue pagando caro sus fallos del pasado
Ambos pagos forman parte de una larga lista de sentencias judiciales que el Estado dominicano ha tenido que acatar, muchas veces años después de haber sido emitidas. Estos casos reflejan no solo deudas heredadas, sino también fallas en la administración pública, negligencia institucional y ausencia de mecanismos eficaces para evitar el crecimiento de este tipo de compromisos financieros.
Aunque no se han presentado acusaciones de irregularidad directa en los casos que involucran a Salcedo Camacho, su situación ilustra cómo particulares pueden beneficiarse de fallos judiciales millonarios, muchas veces sin que se haya producido una revisión exhaustiva de la legalidad de los acuerdos o sentencias previas.
Una realidad que se repite
Casos como este revelan el peso que tienen las decisiones judiciales en el presupuesto nacional. Solo en 2020, por ejemplo, el Estado dominicano pagó más de 6,200 millones de pesos en cumplimiento de condenas, muchas de ellas por justiprecio y expropiaciones que se arrastraban desde hacía años.
El Ministerio de Hacienda, responsable de ejecutar estos pagos, ha señalado en varias ocasiones que las sentencias acumuladas superan los fondos disponibles, obligando a priorizar algunos casos y postergar otros.
¿Cuántos más como Salcedo Camacho?
A medida que se revelan más datos sobre sentencias judiciales millonarias, crece el debate sobre la necesidad de revisar a fondo las demandas contra el Estado, establecer mecanismos de control más estrictos y responsabilizar a los funcionarios cuyas acciones u omisiones generan estas condenas.
Mientras tanto, el caso de Carlos Ramón Salcedo Camacho se suma a la larga lista de historias que reflejan cómo los errores del pasado siguen costándole caro al país.
