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Santo Domingo. – En medio del creciente cúmulo de pagos por sentencias judiciales que enfrenta el Estado dominicano, la Lotería Nacional desembolsó en 2020 la suma de 25 millones de pesos en favor de la empresa Feedback, cumpliendo así con una sentencia emitida tres años antes, en 2017.
Este caso forma parte del patrón de condenas que impactan el presupuesto nacional año tras año, donde las instituciones públicas se ven obligadas a cumplir fallos judiciales con demoras significativas, generando presión sobre las finanzas del Estado.
Demoras que cuestan caro
El pago a Feedback evidencia las consecuencias de la ineficiencia administrativa y la falta de mecanismos ágiles para atender las obligaciones judiciales a tiempo. Aunque no se han revelado detalles específicos sobre el motivo de la demanda, el caso se suma a otros que demuestran cómo el retraso en la ejecución de sentencias termina encareciendo el costo final para el Estado.
La abogada Yulibelys Wandelpool, experta en derecho administrativo, explicó que la cultura institucional de “no pagar deudas ajenas” heredadas de gestiones anteriores, junto a la falta de voluntad política, ha generado un ciclo de incumplimientos que termina afectando directamente al erario.
Un problema estructural
En 2020, el Estado dominicano tuvo que desembolsar más de 6,200 millones de pesos por condenas judiciales, muchas de ellas vinculadas a expropiaciones, demandas laborales y casos de justiprecio. El pago de la Lotería Nacional representa apenas una fracción de esa cifra, pero revela una constante: la falta de planificación y la negligencia institucional tienen un costo millonario.
Los especialistas en derecho público insisten en que se deben establecer criterios claros para priorizar los pagos, mejorar los tiempos de respuesta y fortalecer las consultorías jurídicas de las entidades públicas. De lo contrario, los retrasos seguirán alimentando el ciclo de litigios, intereses acumulados y sanciones que terminan drenando los fondos públicos.
