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Santo Domingo. – La transparencia, que alguna vez se anunció con bombo y platillo como una prioridad institucional, se ha convertido en una promesa incumplida. A más de cuatro meses de que la Contraloría General de la República anunciara la inminente publicación de 39 auditorías, los informes siguen sin ver la luz. La ciudadanía continúa esperando explicaciones que no llegan, mientras las instituciones llamadas a fiscalizar el uso de los recursos públicos navegan entre la parálisis y la controversia.
El contralor Félix Santana García aseguró en enero que esas auditorías —parte de las 206 realizadas entre 2023 y 2024— representarían un "hito en materia de transparencia gubernamental". Sin embargo, la realidad ha sido otra: desde septiembre de 2023 no se ha divulgado ni un solo informe adicional, y los únicos documentos publicados revelaron irregularidades tan graves como pagos a empleados fantasmas, contratos sin sustento legal y activos institucionales desaparecidos.
Si esas dos auditorías —al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) y a la Fuerza Aérea Dominicana— revelaron semejantes irregularidades, la gran pregunta sigue siendo: ¿qué esconden los informes que aún permanecen guardados bajo llave?
Auditorías invisibles, responsabilidades ausentes
De los 206 informes que asegura haber producido la Contraloría, 123 provinieron de su Unidad Antifraude. A pesar de que 39 estaban "listos para publicación" en enero, a la fecha hay 33 terminados pero sin divulgar, 67 aún en proceso y 28 enfocados en gobiernos municipales.
La rendición de cuentas, sin embargo, se ha diluido en el camino. No hay sanciones conocidas, responsables identificados ni reformas impulsadas con base en los hallazgos. Más allá del discurso oficial, los avances son mínimos y la ciudadanía se mantiene excluida del acceso a información que debería ser pública por mandato constitucional.
Cámara de Cuentas: la que debía vigilar, hoy es vigilada
La otra institución encargada de fiscalizar el gasto público atraviesa su propia crisis. Lejos de ejercer un rol activo frente a los informes estancados de la Contraloría, la Cámara de Cuentas enfrenta señalamientos graves que podrían desembocar en un juicio político contra sus cinco miembros titulares.
Un informe de la Cámara de Diputados atribuye a los actuales miembros —Janel Ramírez, Elsa María Cataño, Tomasina Tolentino, Mario Fernández y Elsa Peña— faltas tan serias como manipulación de informes, uso indebido de fondos públicos y usurpación de funciones. Además, se denuncia la omisión deliberada de al menos diez auditorías con hallazgos penales, nunca presentadas al Pleno.
El órgano que debía fortalecer la vigilancia institucional apenas ejecutó el 15 % de las auditorías planificadas entre 2021 y 2022. Mientras tanto, más de 1,200 millones de pesos asignados a sus labores de fiscalización permanecieron sin ejecutar, con 500 millones depositados en un certificado financiero acumulando intereses. Todo esto mientras el país demanda mayor supervisión y acción frente a la corrupción.
Casos que sí se conocieron: el iceberg asoma
Los informes que sí salieron a la luz, como los de CESTUR y la Fuerza Aérea, dejaron en evidencia una red de irregularidades sistemáticas en instituciones estratégicas. Entre los hallazgos:
- CESTUR: pagos millonarios sin respaldo documental, empleados inexistentes, contratos adjudicados en violación a normas y combustible distribuido sin control.
- Fuerza Aérea: vehículos y aeronaves desaparecidos, terrenos ocupados sin documentación legal, pagos secretos y licitaciones dirigidas.
Ambos informes fueron claves en casos como el de Coral 5G, que involucra a altos mandos militares y civiles. A pesar de ello, el resto de auditorías permanece fuera del escrutinio público.
Transparencia en pausa, preguntas sin respuesta
En un contexto en que la corrupción sigue siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas, el silencio institucional resulta más elocuente que cualquier discurso. ¿Por qué no se han publicado los informes prometidos? ¿Qué intereses bloquean su divulgación? ¿Quién se beneficia de esta opacidad?
Mientras las instituciones responsables de la vigilancia se ven sumidas en el escándalo o la inacción, la promesa de transparencia parece haber quedado en el papel. Y la ciudadanía, una vez más, queda esperando.
Por Angie Mateo
