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Santo Domingo, R.D. – Lo que comenzó como una herramienta para fortalecer la gestión pública se ha convertido, con el tiempo, en una práctica cuestionada: la contratación de asesorías externas por parte del Estado dominicano representa hoy un gasto que supera los 5 mil millones de pesos en poco más de una década. La cifra no solo llama la atención por su volumen, sino por la forma en que estos contratos se repiten, se concentran y, en muchos casos, no generan resultados tangibles para la ciudadanía.
Entre 2012 y 2024, se han firmado más de 3 mil contratos de asesoría. Aunque la ley permite este tipo de contrataciones por excepción, su uso sistemático parece más una regla que una excepción. La abogada Yulibelys Wandelpool, experta en administración pública, advierte que el verdadero problema no es la asesoría en sí, sino la falta de justificación técnica real y la debilidad en los controles para prevenir el clientelismo y el conflicto de intereses.
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Un ejemplo ilustrativo es el caso de Joaquín Antonio Zapata Martínez, contratado por el INDOTEL por 1.5 millones de pesos solo dos meses después de registrarse como proveedor del Estado. Lo que en otro contexto podría ser una simple coincidencia, en este caso levanta sospechas por su vínculo previo como abogado del actual presidente de esa institución.
El patrón se repite. Empresas como Management Consulting Group SRL, GRH Consultores o VINFRA, así como individuos como Ricardo Oscar González Hernández, acumulan decenas de contratos, mientras las mismas necesidades institucionales que justificaron su contratación siguen sin resolverse. La reiteración de nombres y la concentración de adjudicaciones contrastan con la diversidad de expertos que existen en el país.
Durante el actual gobierno, el gasto en asesorías ha alcanzado su punto más alto: más de 2,858 millones de pesos en menos de cinco años. Sin embargo, el incremento de las contrataciones no se traduce necesariamente en mejoras visibles. La seguridad ciudadana, por ejemplo, sigue siendo una de las principales preocupaciones de la población, a pesar de los millones destinados a consultorías para mejorarla.
Algunas contrataciones, además, resultan desconcertantes. En 2021, Aordominicana recibió 325 millones de pesos para ejecutar una estrategia de comunicación institucional en una dependencia estatal que fue cerrada poco después. Casos similares se repiten: estudios de factibilidad por casi 200 millones, asesorías legales internacionales por más de 130 millones y contratos de comunicación por sumas que superan los 70 millones de pesos.
“Las asesorías deben ser un complemento técnico, no una excusa para tercerizar las funciones del Estado o beneficiar a los mismos de siempre”, explica Wandelpool. Para ella, el verdadero problema radica en la falta de consecuencias ante el uso ineficiente de los recursos públicos. Las auditorías se archivan, los procesos carecen de seguimiento y, en última instancia, se pierde la confianza en las instituciones.
Un nombre que aparece con frecuencia es el de Juan Carlos Quinche Ramírez, quien ha ofrecido servicios a distintas instituciones, a veces incluso mientras ocupaba cargos internos. Su historial refleja cómo una figura puede operar en múltiples áreas del Estado con contratos millonarios sin una evaluación clara de resultados.
La radiografía de las asesorías revela más que un problema técnico: expone un modelo de gestión pública que parece preferir soluciones temporales externas antes que fortalecer las capacidades internas. La falta de planificación, el uso político de los recursos y la débil rendición de cuentas dibujan un panorama donde el consejo técnico se vuelve una industria, y los problemas estructurales del Estado siguen sin resolverse.
Por: Angela Remirez
