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Santo Domingo. - El Pacto Eléctrico se firmó en febrero de 2021 con la promesa de ser un antes y un después en la historia del sector. Fue presentado como una política de Estado, respaldada por el presidente Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña, ministros, empresarios, sindicatos, partidos de oposición y oficialismo, todos bajo la coordinación del Consejo Económico y Social.
La meta era clara: poner fin al fantasma de los apagones. Pero cuatro años después, en pleno 2025, las gomas quemadas en las calles, los electrodomésticos dañados y los barrios enteros sin luz demuestran que lo pactado sigue siendo papel.
El acuerdo establecía compromisos específicos:
- Cobertura eléctrica casi universal. La meta era alcanzar un 97 % en 2022. Hoy, el promedio nacional apenas ronda un 84 %, con provincias que todavía se quedan en 76 %.
- Reducción de pérdidas técnicas y no técnicas. El compromiso era bajar al 15 %. En mayo de 2025, las distribuidoras reportaron un 43.5 % en un solo mes y un promedio acumulado de 37 %.
- Racionalización del subsidio eléctrico. Se prometió que sería temporal y decreciente. Pero en 2024 las transferencias alcanzaron los US$1,769 millones, el monto más alto registrado y uno de los mayores en relación al PIB.
- Cuentas claras y auditadas. El pacto establecía que las distribuidoras publicarían sus estados financieros auditados anualmente. Cuatro años después, la opacidad sigue siendo la norma.
- Mejora en la calidad del servicio. Se prometió cumplir con parámetros de la Norma de Calidad, pero en 2025 casi un tercio de las reclamaciones se resuelven fuera de plazo y muchas ni siquiera reciben respuesta.
Mientras tanto, la gente mide la crisis en lo cotidiano: si puede prender un bombillo, si la nevera conserva la comida o si los niños hacen la tarea sin velas.
El Gobierno defiende que nuevas plantas entrarán en operación, que se diversifica la matriz y que las renovables avanzan. Pero lo cierto es que, en la práctica, las quejas suben, los apagones se multiplican y el subsidio crece como bola de nieve.
Cuatro años después, el Pacto Eléctrico que se anunció como solución nacional hoy se lee como una lista de promesas incumplidas. Y lo único que se enciende, de nuevo, son las calles.
NOTA 2
Apagones en RD encienden calles y multiplican las protestas
Gomas quemadas. Neveras dañadas lanzadas frente a las oficinas de las EDES. Calles bloqueadas en Pantoja. Lo que parecía un recuerdo de los años noventa vuelve a ser noticia en pleno 2025: protestas por apagones.
Y no es solo en el Gran Santo Domingo. Sectores en todo el país denuncian cortes de hasta 12 horas, cuando antes recibían energía las 24 horas del día.
El experto en electricidad Bernardo Castellanos advirtió que “todo está peor en términos de transferencias al sector eléctrico, en términos de pérdidas. Los barrios marginados, que son los grandes afectados, son los que dicen que antes tenían un servicio de 24 horas y ahora apenas reciben diez o doce horas de luz al día”.
El malestar no se queda en las calles. También se acumula en oficinas oficiales. Entre enero de 2020 y junio de 2025, más de 233 mil personas presentaron quejas formales por fallas en el servicio eléctrico, según la Superintendencia de Electricidad a través de PROTECOM. Eso equivale a seis reclamos por hora.
En 2020 fueron 34 mil. En 2021 bajaron a 27 mil. Pero desde 2022 la curva cambió: más de 50 mil quejas ese año. En 2023 la cifra saltó a más de 76 mil. En 2024 se registró un nuevo récord con 78,461. Y el 2025 pinta peor: en apenas seis meses ya van más de 31 mil.
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Lo más contradictorio es que las protestas ocurren después de que el Gobierno ha suscrito al menos ocho préstamos internacionales para el sector eléctrico desde 2020. El acumulado supera los mil millones de dólares.
El más reciente, en junio de 2025, fue de US$120 millones con el Fondo OPEP para modernizar redes de distribución. En febrero, se solicitó otro por US$75 millones a la CAF con la promesa de reforzar la infraestructura de distribución. Sin embargo, en los barrios la realidad es otra: más cortes, más quejas y más protestas.
En palabras de Castellanos, “las distribuidoras son los grandes responsables porque son la caja chica del sector eléctrico por donde entran los ingresos. Con 42 % de pérdida total, ellos son los principales responsables de eso, conjuntamente con el regulador”.
Los números oficiales revelan que, lejos de mejorar, los apagones y las quejas han vuelto a ser parte de la rutina nacional.
