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Santo Domingo,.- El Ministerio Público informó este martes de que solicitará a los jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Barahona ratificar la sentencia que condenó a penas de entre 10 y 15 años de prisión a cinco hombres hallados culpables de formar parte de la red de tráfico ilícito de migrantes agravado desmantelada con la Operación Iguana.
Los condenados son Roberto Méndez Pérez, coordinador de control en el puesto fronterizo de la Dirección General de Migración (DGM) en esa localidad; el inspector Johan Rosario Castillo, así como Delson Manuel Medina Díaz, Juan Mateo Feliciano y Quelinton Eduardo Volquez Guzmán.
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La sentencia, además, ordena que todos paguen una multa de 150 salarios mínimos.
De acuerdo con un comunicado del Ministerio Público, las procuradoras de corte Yoanna Bejarán y Wendy González, titulares de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Procuraduría Regional de Barahona, explicaron que solicitarán que la sentencia sea confirmada en todas sus partes.
Bejarán y González reiteraron la importancia de sancionar los graves delitos que afectan principalmente a personas en condición de vulnerabilidad, la mayoría mujeres, niños, niñas y adolescentes.
El Ministerio Público puso en marcha la Operación Iguana en el año 2022 con nueve allanamientos simultáneos en municipios de las provincias Independencia, Bahoruco y Pedernales, mediante los cuales fue desarticulada la red que utilizó a la frontera domínico haitiana como centro de operaciones.
Durante los allanamientos el Ministerio Público arrestó a los acusados y ocupó como evidencias siete vehículos, 127 pasaportes de ciudadanos extranjeros, aproximadamente 116,000 pesos y 383 dólares, cientos de documentos y un arma de fuego calibre 9 milímetros.
El expediente acusatorio señala que los procesados recurrían a la amenaza y al chantaje para la obtención de soborno.
Igualmente, privaban de su libertad a las personas retenidas o secuestradas y las mantenían en cautiverio hasta recibir el pago exigido para la liberación, llegando inclusive a recurrir a las amenazas para la recepción de los pagos.
