Un abogado y asesor político mexicano perdió la vida después de ser linchado y quemado vivo por una turba de habitantes de la comunidad Papatlazolco del municipio de Huauchinango (Puebla), que lo acusó erróneamente de ser un secuestrador de menores, informan medios locales.
Daniel Picazo, de 31 años, se trasladaba en una camioneta junto con otra persona en la noche del pasado 10 de junio, cuando una multitud enfurecida decidió perseguirlos y acorralarlos después de que corriera el rumor de que dos desconocidos a bordo de un vehículo de ese tipo habían intentado llevarse a la fuerza a un niño.
Días antes, un audio difundido a través de WhatsApp alertaba a las familias de cuidar a sus hijos debido a la presencia de raptores de infantes en la zona, recoge el diario el Universal.
Sin fundamentos ni pruebas contundentes, Picazo fue señalado por «lucir sospechoso» y fue arrastrado hasta un parque público donde lo amarraron, le golpearon, le rociaron gasolina y lo quemaron vivo. Su acompañante logró huir y esconderse en un lugar seguro.
Se calcula que al menos unas 30 personas participaron directamente en la agresión, que habría sido alentada y observada por unos 200 habitantes.
Al sitio acudió la Policía municipal y la Cruz Roja, pero no pudieron impedir el linchamiento y la muerte del joven jurista al verse rebasados por la muchedumbre, que les impedía el paso. Agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla hicieron el levantamiento del cadáver, que más tarde fue identificado, y se inició una investigación.
De acuerdo con los familiares de la víctima, Daniel residía en Ciudad de México, pero visitaba con frecuencia Huauchinango porque su abuelo paterno le había heredado una casa. Hasta el pasado marzo se había desempeñado como asesor de legisladores en la Cámara de Diputados y actualmente era consejero de una diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN).
El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, aseguró que lo sucedido fue un «acto de barbarie totalmente aberrante» provocado por «prejuicios, ignorancia, rumores y un ambiente de no creer en la autoridad». Instó a la población a regular su «comportamiento social» y confirmó que hay un proceso en curso porque lo ocurrido fue algo «gravísimo» que «no puede permitirse».
Entre tanto, desde el ayuntamiento de Huauchinango prometieron esclarecer el asesinato de Picazo para aplicar las sanciones correspondientes a los responsables. Por el momento se desconoce si hay detenidos por el crimen.
