Santo Domingo. – Los afectados por la presunta venta irregular de los terrenos del barrio Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este, se apostaron este jueves a las afueras de la Corte de Apelación del Distrito Nacional en reclamo del “no ha lugar” dictado por el juez Juan Francisco Rodríguez Consoró en el caso.
El grupo de ciudadanos que asegura vivir en el populoso barrio desde hace más de 40 años, piden que se haga justicia entregándole sus títulos de propiedad y dinero que se la “ha robado a la comunidad”.
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“Esa sentencia es una sentencia injusta, amañada, fuera de todo estamento legal que solo perjudico la comunidad trabajadora de Los Tres Brazos”, dijo a De Último Minuto el señor Milcíades Geraldo, residente en la zona.
Asimismo, expresó, además, que continuarán su lucha hasta lograr que “los corruptos que se llevaron más de 90 millones a la comunidad sean condenados y paguen con cárcel”.
La manifestación de los comunitarios se produjo en momentos en que se estaba conociendo la audiencia de apelación solicitada por el Ministerio Público y los residentes de Los Tres Brazos en la medida impuesta por el juez del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Acusación del MP
El magistrado tomó la decisión en ese momento tras considerar que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) no presentó las pruebas suficientes para probar los hechos en un juicio de fondo.
Sin embargo, el MP afirmó que los imputados desfalcaron al Estado con la venta ilegal de cuatro millones de metros cuadrados de terreno, un fraude con el que tenían la expectativa de ganar unos cinco mil millones de pesos.
La acusación establecía que Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), vendió ilegalmente el terreno en que se encuentra localizado el barrio Los Tres Brazos.
Además del exdirector de Corde, en el expediente figuraban como imputados Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de esa entidad; Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico, y Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de títulos del Distrito Nacional.
También Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L., y los empleados de esa empresa Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams.
Además, José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad inmobiliaria Titulatec; los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, así como Lisetel González, quien prestó su nombre en condición de conviviente del imputado Manuel Aybar, para recibir dos apartamentos destinados a beneficiar al exgerente inmobiliario de Corde.
