Santo Domingo.- A través del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), apoderado por el Poder Ejecutivo para recuperar los bienes públicos en manos de particulares, el Estado valoró la decisión del juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional de dictar coerción por más de 445 millones de pesos en contra de los imputados en el caso de corrupción Antipulpo.
A Juan Alexis Medina Sánchez, Carmen Magalys Medina Sánchez, Fernando Rosa Rosa, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez y otros, se les acogió la calificación jurídica de lavado de activos.
De igual manera, la disposición de enviar a juicio a todos los implicados que no llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público.
El juez dijo que independientemente de que existan garantía económica de 60 millones o 20 millones dispuestas como medida de coerción a algunos imputados, así como secuestro de bienes por parte del Ministerio Público de cara al hipotético decomiso, la coerción real tiene un fin específico: retener los fondos para la hipotética indemnización del Estado como actor civil.
“Vemos este caso como un proceso histórico en la lucha contra la corrupción y la impunidad en la República Dominicana. Donde se apertura un nuevo camino, donde el Estado dominicano no solo requiere una pena ejemplar para quienes violan la ley contra el patrimonio público sino que en adición a eso persigue que sea indemnizado el Estado como consecuencia de las acciones ilícitas que se cometieron en perjuicio de todos los dominicanos y las dominicanas”, afirmó Jorge López Hilario en representación del ERPP.
López Hilario aclaró que estos montos señalados por el juez no son los que corresponden a la indemnización que pide el Estado, sino la autorización para trabar la medida.
Se recuerda que el Estado solicita una indemnización por más de 23 mil millones de pesos por los hechos ilícitos en que han incurrido los implicados en la red de corrupción que estafó al Estado dominicano.
Víctor Encarnación Montero tendrá que pagar 10 millones de pesos, asimismo por un monto igual deberán responder, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Fernando Rosa, Carmen Magalys Medina, Libni Valenzuela, Carlos Martín Montes de Oca y su esposa Paola Mercedes Molina Suazo.
José Dolores Santana y Wacal Bernabé Méndez, 15 millones de pesos y Alexis Medina 30 millones de pesos. En tanto a las personas jurídicas se les impuso 20 millones de pesos a cada una.
En su decisión el juez admitió como parte civil constituida al Estado Dominicano, representada por el Equipo de Recuperación de Patrimonio Público (ERPP) mediante Decreto núm. 22-21, reconociendo su calidad de víctima y la facultad que tiene para intervenir en el proceso en tal condición.
Esta es la primera decisión en el país que, en materia de corrupción, acoge el pedimento de declaratoria de conjunto económico, que fue realizada por el Estado Dominicano.
El magistrado señaló que las empresas y los imputados acusados, según las pruebas aportadas, funcionaban bajo el control de una misma persona o grupo de personas bajo la coordinación y subordinación del principal acusado en el caso Juan Alexis Medina Sánchez, con un claro objetivo en común.
