Santo Domingo. – El Ministerio Público y cuatro de los imputados en alegado entramado de corrupción denominado Operación Antipulpo, llegaron a un acuerdo que le da la posibilidad al Estado de recuperará más de 200 millones de pesos en bienes.
Así lo aseguró el procurador adjunto Wilson Camacho a su salida de la audiencia preliminar que se conoce en el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra los acusados.
Te puede interesar: Suman cuatro imputados en caso Antipulpo que se declaran culpables
“Con estos acuerdos el Estado recupera más de 200 millones de pesos en bienes que se decomisan como consecuencia de los mismos, bienes muebles, inmuebles y dinero en efectivo”, manifestó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Detalló que esté día se presentaron ante el tribunal cuatro acuerdos, que consisten en un criterio de oportunidad, una suspensión condicional del procedimiento y dos procedimientos penal abreviado”, dijo el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
“Es la primera vez, incluso, conforme nuestros datos, que en un caso de corrupción de esta naturaleza y en la audiencia preliminar, una persona física, o sea, que no se trata de una empresa, una persona física admite los hechos de la acusación y acuerda con el Ministerio Público”, agregó.
Sobre declaraciones de imputados
Al ser abordado por la prensa sobre declaraciones de los imputados, dijo que todo lo que no es parte de este proceso, es un tema sujeto a investigación y que el Ministerio Público en su debido momento presentará a los tribunales en la medida que tenga las evidencias para ello.
Camacho representó al Ministerio Público junto a la coordinadora de Litigación de la Pepca, Mirna Ortiz, así como a los fiscales Elizabeth Paredes, Ernesto Guzmán Alberto, Yoneiby González y José Miguel Marmolejos.
El juez Deiby Timoteo Peguero aplazó la audiencia para este miércoles 18 de enero, a partir de las 2:00 de la tarde, donde el Ministerio Público iniciará la contrarréplica.
El 19 de enero la audiencia se celebrará a partir de las 2:00 de la tarde y el viernes 20 de enero a las 9:00 de la mañana.
Por razones de espacio la audiencia fue realizada en la sala del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Sobre el caso
El supuesto proceso por corrupción administrativa se sigue contra Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magalys Medina Sánchez, ex vicepresidenta del Fondo Patrimonial para las Empresas Reformadas (Fonper), ambos hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez, así como de otras 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos.
También, están involucrados el expresidente del Fonper Fernando Rosa; el exministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez; José Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé Méndez Pineda, así como Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la otrora Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y el exfiscalizador de esa institución Aquiles Alejandro Christopher Sánchez.
La acusación del caso presentada por la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público también incluye a Julián Esteban Suriel Suazo, al ex contralor general Rafael Antonio Germosén Andújar y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.
Asimismo, están involucrados Carlos Martín Montes de Oca Vásquez y Paola Mercedes Molina Suazo.
El órgano de la persecución penal presentó cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.
De Juan Alexis Medina Sánchez, principal acusado, el expediente establece que creó un entramado societario y, utilizando tráfico de influencias, al ser hermano del expresidente de la República Danilo Medina Sánchez (periodos constitucionales 2012-2016, 2016-2020), realizó un conjunto de maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios.
Señala que se hizo adjudicar a su nombre, así como a terceros, obras, bienes y servicios del Estado, operando como criminalidad organizada.
