Santo Domingo.– El Ministerio Público tiene la facultad de suspender, destituir o aplicar otras sanciones contra sus miembros cuando entienda que estos han incurrido en alguna falta, bajo el amparo de la Ley Orgánica de la entidad, donde explica que se consideran faltas a todas las conductas que contravengan el comportamiento ético, la honradez, y el correcto desempeño de los miembros o que afecten la imagen de la institución.
Estas faltas están clasificadas en varios tipos: leves, graves y muy graves.
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Este tema surge a propósito de que, la Inspectoría general del Ministerio Público solicitó al Consejo Superior del órgano persecutor la suspensión de sus funciones del fiscalizador Engels Luis Polanco Henríquez y del procurador de corte Antonio de Jesús Báez Tapia por incurrir en “faltas graves” y “muy graves”.
La entidad indicó que Báez Tapia ejerció sus funciones indebidamente, “al incumplir las obligaciones o los deberes propios de su cargo e incurrir en faltas graves y muy graves por la realización de actos que afectan gravemente la institución”.
Báez Tapia, de acuerdo con las informaciones, retiró los cargos contra el mayor Víctor Ignacio Encarnación Cuevas, el capitán Juan de Dios Heredia Martínez y el cabo Adán Mauricio Rodríguez Pichardo, de la Policía Nacional y adscritos a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), así como contra el cabo de la fuerza aérea Juan Antonio Arias Peguero.
Estos, junto a los cuatro agentes antinarcóticos, son procesados por implantar drogas en el allanamiento a una peluquería ubicada en Villa Vásquez, en agosto de 2019. Este hecho, que causó el rechazo de toda la sociedad, quedó registrado en un vídeo.
Más suspendidos
El 30 de abril del 2021, la Inspectoría del Ministerio Público suspendió de sus funciones a David Barrera Taveras por supuesta conducta inadecuada en sus funciones.
El licenciado Barrera Taveras, quien estaba adscrito a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con asiento en Santiago, provocó irregularidades que iban en contra del ejercicio del MP. Además, tenía una gran cantidad de denuncias de ciudadanos e imputados.
Una semana antes, también el procurador fiscal del Distrito Judicial de Santiago, José Francisco Núñez Ledesma, y su fiscalizadora, Adris Socorro del Carmen Fernández Ortega fueron desligados hasta culminar la investigación.
De igual modo, a esta lista se suma Mauricio Estrella por embarazar a una menor.
En ese orden, el fiscal del distrito judicial de Valverde, Nelson Rodríguez González, fue suspendido por abuso de poder. Gonzólez protagonizó un incidente donde fue denunciado por supuestamente agredir a un abogado para arrebatarle el celular con el que grababa un allanamiento.
¿Por qué sería suspendido un fiscal?
Según el MP, un miembro puede ser suspendido por incumplir reiteradamente los deberes, ejercer de forma indebida los derechos o no observar las prohibiciones cuando el hecho o la omisión tengan consecuencias de gravedad para los ciudadanos o el Estado.
Además, constituye una falta para suspensión, el no inhibirse a sabiendas de que existe una causa de inhabilitación; descuidar reiteradamente el manejo de documentos, expedientes y evidencias, con consecuencias para los ciudadanos o el Estado.
En ese orden, otra de las causas sería formular acusaciones que tengan como bases hechos «notoriamente» falsos o pruebas ilícitas; promover, participar o apoyar actividades contrarias al orden público y divulgar o hacer circular asuntos o documentos confidenciales.
Cuando un fiscal comete una contravención leve, solo recibe una amonestación verbal o escrita como modo de advertencia. Cuando estas son graves dan lugar a una suspensión sin disfrute de sueldo por hasta noventa días, pero aquellas que son “muy graves” dan paso a una destitución.
Lista de casos es larga
Se recuerda el caso de la fiscal Ivelisse Casado, de la provincia de Santo Domingo, quien en el 2013 fue destituida por el Consejo Disciplinario del Ministerio Público por intentar sobornar a un juez para obtener una sentencia satisfactoria.
Casado, además, fue inhabilitada de ocupar la función pública por un periodo de cinco años.
También, en el año 2017 fue separado del cargo el entonces procurador fiscal de Samaná, Robert Justo Bobadilla, contra quien pesaban acusaciones de acoso sexual en perjuicio de varias empleadas de la Procuraduría General de la República.
El Consejo Superior de la institución indicó en aquel momento que la decisión se tomó luego de una larga audiencia. Justo Bobadilla fue denunciado por sus víctimas.
Otro caso muy recordado fue la destitución, en el 2019, del titular de la Procuraduría Fiscal de Barahona, Yvan Ariel Gómez Rubio, como miembro del Ministerio Público, luego de comprobar que cometió faltas muy graves en el ejercicio de sus funciones.
Además de la destitución, el órgano disciplinario dispuso que Gómez Rubio no podrá volver a ocupar funciones de Ministerio Público y lo inhabilitó para prestar servicio en cualquier otra función pública durante los cinco años siguientes, contados a partir de la fecha de la notificación de la Resolución íntegra del proceso disciplinario.
Gómez Rubio era investigado por presuntamente cometer irregularidades durante una operación de narcotráfico realizada en el año 2018 en la provincia de Azua en el transcurso de la cual fue decomisado un cargamento de cocaína.
El pasado año 2021, el Consejo Superior del Ministerio Público ratificó la destitución del procurador fiscal Juan Ramón Rodríguez Miranda, adscrito a la Fiscalía de Santo Domingo Este, sancionado por cometer faltas graves y muy graves en el ejercicio de sus funciones.
De acuerdo al informe, el fiscal Rodríguez Miranda fue investigado y sometido a un proceso disciplinario por interesarse indebidamente en un asunto judicial en el que mostró un interés particular y a dirigir órdenes y presiones incompatibles con su rol.
Otras decisión que tomó el Consejo Superior del Ministerio Público fue suspender en sus funciones de manera provisional a los titulares de la Procuraduría Fiscal de San Pedro de Macorís y de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género de esta jurisdicción, Pedro Núñez Jiménez y Margarita Hernández Morales, respectivamente, mientras se realizan las investigaciones sobre presuntas irregularidades que habrían cometido en el proceso penal seguido contra el señor Yasmil Oscar Fernández, quien provocó la muerte a su expareja Anibel González.
