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Santo Domingo. - La Inspectoría general del Ministerio Público solicitó al Consejo Superior del órgano persecutor la suspensión de sus funciones del fiscalizador Engels Luis Polanco Henríquez y del procurador de corte Antonio de Jesús Báez Tapia por incurrir en “faltas graves” y “muy graves”.
En ese sentido, la entidad indicó que el procurador adjunto Juan Medina de los Santos solicitó el pasado 16 de mayo del procurador de corte de Montecristi, Antonio de Jesús Báez Tapia, por ejercer sus funciones indebidamente, “al incumplir las obligaciones o los deberes propios de su cargo e incurrir en faltas graves y muy graves por la realización de actos que afectan gravemente la institución”.
Planteó que Báez Tapia incurrió en una violación a la Ley Orgánica del Ministerio Público (número 133-11), por “no observar las prohibiciones o incompatibilidades constitucionales o legales cuando el hecho o la omisión tengan consecuencias de gravedad para los ciudadanos o el Estado”, por haber descuidado el expediente y el proceso seguido contra la exfiscalizadora Carmen Lisset Núñez Peña.
Indicó que Báez Tapia retiró los cargos además contra el mayor Víctor Ignacio Encarnación Cuevas, el capitán Juan de Dios Heredia Martínez y el cabo Adán Mauricio Rodríguez Pichardo, de la Policía Nacional y adscritos a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), así como contra el cabo de la fuerza aérea Juan Antonio Arias Peguero.
Además, agregó que la exfiscalizadora y los cuatro agentes antinarcóticos son procesados por implantar drogas en el allanamiento a una peluquería ubicada en Villa Vásquez, en agosto de 2019, un hecho que quedó registrado en un vídeo conocido por toda la población.
Medina de los Santos, inspector general, presentó la solicitud a la procuradora general Miriam Germán Brito y a los demás miembros del Consejo Superior del Ministerio Público.
“Engels Luis Polanco Henríquez ha ejercido sus funciones indebidamente al incumplir las obligaciones o los deberes propios de su cargo e incurrir en faltas graves y muy graves por la realización de actos que afectan gravemente la institución del Ministerio Público”, explica la instancia relacionada con el caso de una mujer asesinada de 351 cuchilladas.
Indicó que dicha postura se aleja aún más de la lógica cuando se toma en cuenta que el propio Polanco Henríquez, el pasado 22 de febrero, se opuso a la variación de la referida medida de coerción de prisión preventiva que cumple Eusebio Rosario Hernández (Eddy), imputado, junto a un hijo menor de edad, del crimen de Carmen Paulino Gabriel (Rafelina), ocurrido en San Francisco de Macorís en junio de 2021.
Señaló que, precisamente el 22 de febrero, el fiscalizador argumentaba sobre la falta de presupuestos que presentaba la defensa de Rosario Hernández y sostenía que se mantenían las circunstancias que dieron lugar a la imposición de la prisión preventiva contra el imputado.
Sin embargo, el 18 de este mes, el mismo fiscalizador varió su criterio “ante el conocimiento de una revisión de medida de coerción oficiosa, en la que tampoco se presentaron presupuestos que garantizaran la presencia de dicho imputado a los demás actos del proceso”.
