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La presidenta de la República, Laura Fernández, convocó a los principales jerarcas del sistema judicial costarricense a una reunión en la Casa Presidencial con el propósito de exponer su agenda de reformas profundas dirigidas al Poder Judicial y establecer una estrategia común frente al crecimiento del crimen organizado y el narcotráfico. La postura de la mandataria, subraya la urgencia de transformar la institucionalidad judicial para responder a los desafíos de seguridad que enfrenta Costa Rica y revertir “el desprestigio judicial que lamentablemente hoy vivimos”.
La reunión se celebrará el 18 de mayo y contará con la participación directa del fiscal general Carlo Díaz y el director general interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, según confirm Teletica.com. El fiscal Díaz precisó que, por razones de agenda internacional, la representación del Ministerio Público recaerá en la fiscala subrogante Karen Valverde, aunque manifestó su disposición a sumarse personalmente si es requerido. La presidenta también extendió invitaciones al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Catalino Orlando Aguirre, y a la presidenta de la Sala Tercera de Casación Penal, Patricia Solano. La transparencia en el protocolo de respuesta institucional hace visible la tensión y el interés nacional sobre el futuro del sistema judicial.
La convocatoria de Fernández ocurre en un contexto de continuidad política: en febrero de este año la mandataria había encomendado a un grupo de juristas la redacción de proyectos legislativos ad honorem. Este equipo técnico, compuesto por especialistas en derecho público, penal y constitucional como María Lourdes Echandi, Fabián Volio Echeverría, Juan Diego Castro y Fabián Silva Gamboa, atiende la meta de “consolidar una transformación” en línea con reformas institucionales similares a las promovidas durante el gobierno de Rodrigo Chaves.
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Entre las propuestas formuladas por el equipo de Fernández figuran la reforma de la ley vigente contra la usura, la modificación de los esquemas de ejecución de penas, el endurecimiento del marco legal contra el crimen organizado y la revisión estructural del propio modelo estatal. Esta agenda jurídica responde a una estrategia de Estado que contempla, como declaró Fernández el lunes 11 de mayo en el programa Nuestra Voz de Amelia Rueda, la eventual suspensión de garantías individuales en zonas afectadas por el crimen organizado. La presidenta describió esta medida como “extraordinaria”, aunque reconoció que su aplicación requiere la declaración de un estado de excepción por parte de la Asamblea Legislativa, órgano que, de acuerdo con el artículo 121, inciso 7 de la Constitución Política de Costa Rica, debe aprobar la iniciativa con al menos 38 votos.
Desde el seno del Ministerio Público, Carlo Díaz declaró su adhesión a la convocatoria de la Presidencia, reafirmando ante Teletica.com: “En el Ministerio Público estamos comprometidos con la lucha contra la delincuencia, la corrupción, el narcotráfico y otras formas de criminalidad organizada. Por eso celebramos esta invitación que se nos hace desde el Poder Ejecutivo. Por eso asistiremos a la misma”. Díaz se mostró dispuesto a iniciar, junto a la nueva administración, “una nueva etapa” en la relación entre los Supremos Poderes tras la elección del 1.° de febrero.
El enfoque de la presidenta coloca en el centro del debate nacional la necesidad de fortalecer el Poder Judicial y articularlo como un instrumento eficaz frente a la escalada del crimen organizado. Sus acciones y declaraciones recientes, demuestran una convergencia entre la iniciativa ejecutiva y el respaldo técnico-jurídico, abriendo un escenario de reformas que, de concretarse, modificarán elementos sustantivos de la administración de justicia y la gobernabilidad en Costa Rica.
