Santo Domingo. – El Ministerio Público solicitó que los procesados por el asesinato del abogado Yuniol Ramírez Ferreras y los alegados actos corrupción registrados en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) durante la gestión de Manuel Rivas, sean condenados a penas de 30, 20 y 5 años de prisión.
El órgano acusador realizó esta petición tras presentar este viernes sus conclusiones en el juicio que se lleva en contra de Argenis Contreras, José Mercado (El Grande), Víctor Ravelo Campos (El Herrero), Jorge Abreu, Heidy Peña y Lilian Francisca Suárez Jáquez.
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También, contra el exdirector de la OMSA, Manuel Rivas, y el exgerente financiero de esa institución, Faustino Rosario Díaz, quienes enfrentan cargos por corrupción administrativa en esa institución.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que el Ministerio Público presentó sus conclusiones en el día de hoy, al cabo de un proceso a través del cual ha demostrado ante el tribunal la responsabilidad penal de todos los imputados.
El Ministerio Público también pidió que le sean impuestas multas y el decomiso de los bienes obtenidos fruto del delito.
Las juezas Claribel Nivar Arias, Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo aplazaron la audiencia para continuar este sábado 3 de septiembre, a partir de las 10:00 de la mañana.
Inició de la acusación
El Ministerio Público inició el miércoles 11 de mayo la lectura de la acusación que contiene los cargos y las pruebas del caso, concluyendo en el proceso con la presentación de más de 60 pruebas que demostraron la vinculación de los acusados con el crimen y los actos de corrupción en la OMSA.
El crimen, ocurrido en octubre de 2017, está vinculado con los actos de corrupción administrativa ocurridos en la entidad gubernamental de transporte que era dirigida por Rivas desde agosto de 2012.
Ramírez Ferreras, quien presidía la Convergencia Nacional de Abogados (CONA), fue hallado muerto con un block de concreto atado a su cuello mediante una cadena, en un arroyo de Hato Nuevo, en Santo Domingo Oeste.
Luego del hecho, Argenis Contreras huyó hacia Estados Unidos, en donde fue capturado y tres años después entregado al país tras los esfuerzos de la actual gestión del Ministerio Público.
