Santo Domingo. – El expediente acusatorio del Ministerio Público contra el vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, acusado de matar al comunicador Manuel Duncan puntualizó que el arma homicida utilizada por militar retirado era ilegal, señalando que el mismo no tenía la necedad de tenerla en condiciones irregulares, debido a que portaba una legal, asignada por la institución castrense a la que pertenece.
¿Por qué el mayor general retirado portaba un arma de fuego ilegal?, acción catalogada por el órgano judicial como el comportamiento de un criminal típico.
El Ministerio Público reveló que el militar retirado destruyó y ocultó evidencias relevantes; señalando que este portaba un arma ilegal al momento del incidente que provocó la muerte del comunicador Manuel Duncan.
El órgano judicial puntualizó, que, tras cometer el hecho, el expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) se deshizo del arma homicida.
“Luego de cometer el hecho, el imputado se deshizo del arma homicida utilizada para matar a Taveras Duncan, y en una acción criminal procedió a desaparecer dicha arma, ilegal, ya que la misma no le fue asignada por su institución castrense”, detalló el documento del Ministerio Público.
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Alburquerque quedó arrestado mediante la orden judicial No. 0032-AGOSTO-2022, emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Un arma ilegal y otros tipos penales
El Ministerio Público calificó los hechos en los tipos penales descritos en los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano; así como los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, que tipifican el homicidio voluntario causado con arma de fuego ilegal.
La solicitud de la Fiscalía establece que la medida a imponer en este caso debe ser la prisión preventiva en virtud de que Alburquerque Comprés no ofrece garantía para presentarse a los actos del procedimiento y someterse a los mismos. Señaló que en su caso existe el peligro de fuga al tratarse de un hecho grave y la posibilidad de que el imputado torpedee el proceso de investigación mediante la intimidación a testigos conforme las relaciones que cultivó en su prolífica carrera militar y su comportamiento violento, además de que destruyó y ocultó el arma ilegal que utilizó para cometer el hecho criminal.
