Santo Domingo.- Una comisión especial de la Cámara de Diputados recibió este martes al administrador general del Banco Agrícola y a representantes de la Asociación Dominicana de Construcciones y Promotores de Viviendas (Acoprovi), con el propósito de «socializar» sobre el proyecto de ley de alquileres de bienes, inmuebles y desahucio.
El presidente de la comisión Eugenio Cedeño expresó, según una nota de la Cámara de Diputados, que muchas instituciones han demostrado un gran interés por este proyecto de ley, entre ellas el Banco Agrícola, siendo este de gran utilidad y beneficio para el país.
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En ese orden, el administrador general del estatal Banco Agrícola, Fernando Antonio Durán, planteó que se «conserve en la ley la obligación de que los depósitos de los alquileres se sigan llevando y se mantengan en el Banco Agrícola».
Por su parte, la presidenta de Acoprovi Annerys Meléndez solicitó a los legisladores que se incluyan en el proyecto de ley lo que considera «tres grandes aspectos fundamentales y necesarios» que sirven de forma efectiva para el desarrollo de obras de construcciones orientadas al alquiler o el arrendamiento.
Esos aspectos son el procedimiento para el desalojo a la llegada del término del contrato de alquiler o arrendamiento escrito, el contrato verbal, y la conciliación preliminar ante el juez de paz competente en vez del fiscalizador del Ministerio Público con la finalidad de evitar tardanza y excesiva burocracia.
«Si este proyecto de ley fuera aprobado próximamente podría haber un cambio impresionante y significativo en nuestras familias», recalcó Meléndez.
A finales de mayo pasado, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que busca regular los alquileres de bienes inmuebles en el país y que establece una serie de novedades, obligaciones y requisitos para los propietarios e inquilinos.
La iniciativa determina que el pago de la renta será por períodos de un mes, salvo acuerdo contrario. El pago se efectuará en el lugar y mediante el procedimiento que acuerden las partes.
Además, se establece que los gastos legales en ocasión del contrato de renta o alquiler correrán en partes iguales por cuenta del arrendador y el inquilino, asumiendo este último la obligación de restaurar el inmueble si lo ha dejado en mal estado.
El proyecto impone al propietario o arrendador entregar al inquilino el inmueble con todas sus instalaciones y servicios básicos en buen estado, no perturbar al inquilino, no estorbar el uso del inmueble y realizar las reparaciones necesarias.
Asimismo, plantea que cuando el inquilino desee terminar el contrato deberá hacerlo saber al arrendador con un mes de antelación y agrega que esta conclusión del convenio no altera las responsabilidades del propietario.
