Disposición de Miriam Germán sobre comunidad LGBTIQ genera debate en Politikal

Tras la disposición de la procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, la cual busca que «todo personal que atienda a una víctima de la comunidad LGBTIQ, debe dirigirse a su persona de acuerdo a la identidad de género que exprese. Siempre se debe guardar discreción sobre los datos revelados», diversas posiciones a favor y contra han surgido a través de los diferentes medios de comunicación.

En ese sentido, comentaristas del programa radial Politikal escenificaron un nutrido debate con diferentes planteamientos en relación al tema.

Hansel García, coordinador del espacio, catalogó de “disparate” la instrucción de Germán Brito por entender que esto caería en la “ilegalidad”.

“Para mí eso es un solemne disparate y una ilegalidad… La identidad de género no existe, existe la ideología de género o la orientación sexual”, dijo.

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Asimismo, Eliseo Almánzar observó el tipo de tratamiento que desde el Estado dominicano se le podría dar al tema y su diferenciación.

“Una cosa es que el Estado le garantice a usted el libre desarrollo de su preferencia, pero otra cosa es que el Estado asuma como política pública la preferencia sexual suya, no su sexo biológico”, refirió Almánzar.

Sin embargo, la periodista Angely Moreno, se mostró a favor de las disposiciones de la procuradora general, entendiendo que en República Dominicana la comunidad LGBTIQ continúa siendo vulnerable.

“Estoy totalmente de acuerdo, la Constitución de la República llama a respetar a todas las personas y no discriminar, en el caso de las personas LGBTIQ aquí hay muchos derechos que se les han negado por tener preferencias sexuales diferentes a otras personas”, externó Moreno.

Se recuerda que la instrucción de Germán Brito establece que las personas de poblaciones vulnerables, de acuerdo a las 100 Reglas de Brasilia, son las que, por razón de su edad, orientación o identidad de género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales encuentran dificultades para ejercer a plenitud los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.