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Santiago.- La controversia por las exploraciones mineras en la Cordillera Septentrional escaló este jueves a un punto crítico, luego de un tenso encuentro entre autoridades del Gobierno, representantes de la Iglesia Católica y comunitarios, donde el movimiento “Unidos Somos Más” exigió la anulación inmediata de los permisos otorgados para exploración minera, mientras el Estado reiteró que no existe autorización para explotación en esa zona montañosa.
El enfrentamiento dejó al descubierto la creciente desconfianza de las comunidades hacia las autoridades, al tiempo que colocó en el centro del debate la defensa de una de las principales reservas hídricas del norte del país.
El sacerdote Ramón (Nino) Ramos, una de las voces más firmes del reclamo, encabezó la postura comunitaria y sostuvo que las declaraciones verbales del Gobierno no ofrecen garantías suficientes, por lo que reclamó un documento oficial firmado que certifique la cancelación de la concesión minera otorgada en 2024 y vigente hasta 2027.
“No creemos en palabras, queremos un documento firmado; si dieron un permiso para explorar, también pueden anularlo”, expresó el religioso, al advertir que las comunidades impedirán cualquier intento de operación minera en la cordillera “por las buenas o por la mala”.
La postura fue respondida por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, quien insistió en que las concesiones actuales corresponden únicamente a exploración, lo que según explicóno autoriza explotación automática ni otorga derechos sobre los recursos minerales.
El funcionario subrayó además que solo el presidente de la República tiene la facultad de aprobar una eventual explotación.
Santos reconoció la preocupación social generada en la zona, aunque advirtió que la anulación de permisos ya emitidos podría acarrear implicaciones legales para el Estado dominicano. No obstante, aseguró que la solicitud planteada por los comunitarios será evaluada y reiteró que, al menos por ahora, la Cordillera Septentrional no forma parte de los planes de explotación minera del Gobierno.
En medio del choque de posiciones, el arzobispo metropolitano de Santiago, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, intervino con un llamado a la prudencia, exhortando a que el conflicto sea manejado mediante un diálogo respetuoso, sereno y constructivo, en procura de una salida que favorezca al país y preserve la paz social.
Sin embargo, lejos de disminuir, la tensión continúa en ascenso. Los comunitarios ratificaron su calendario de movilizaciones y anunciaron una marcha para el 14 de abril en Puerto Plata y otra el 24 de abril en Santiago, partiendo desde el Monumento a los Héroes de la Restauración, como parte de una jornada de presión para exigir garantías jurídicas firmes que protejan la cordillera.
Para los grupos sociales y religiosos, el conflicto ya no se limita a un tema ambiental. Aseguran que la discusión ha pasado a convertirse en un asunto de confianza pública, defensa del agua y soberanía territorial, en una lucha que —según advierten apenas comienza, pese a que lleva varios meses generando preocupación en la región Norte.
