“La delegación del FBI ya está en el país”. aseguró Juan Zapata, ministro del Interior. EL funcionario agregó que el equipo se reunirá con la Fiscalía General del Estado para determinar el ámbito de apoyo en la investigación por el asesinato de Fernando Villavicencio.
Villavicencio era uno de los ocho candidatos a la presidencia que concurrían a las elecciones generales extraordinarias previstas para el próximo día 20 en las que se elegirá al sucesor del conservador Guillermo Lasso.
El candidato, de 59 años, un periodista y ex miembro de la Asamblea Nacional que con sus investigaciones sobre corrupción se había convertido en uno de los enemigos más acérrimos del expresidente Rafael Correa (2007-2017), recibió una ráfaga de disparos al terminar un mitin de su campaña electoral que realizaba en un colegio de Quito el último miércoles.
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El presidente Lasso decretó el estado de excepción durante 60 días en todo el país y ratificó que las elecciones generales extraordinarias se celebrarán el próximo 20 de agosto, como estaba previsto, pero con un despliegue de militares en todo el territorio nacional.
Desde algo más de dos años se reproducen a diario múltiples informaciones de asesinatos, matanzas, extorsiones, ataques con explosivos, entre otros delitos, que han sembrado terror entre los ecuatorianos.
Ecuador cerró 2022 con la mayor tasa de muertes violentas de su historia, al registrar 25,32 por cada 100.000 habitantes, la gran mayoría asociada, según el Gobierno, al crimen organizado y al narcotráfico, que ha ganado fuerza en la costa y ha convertido a los puertos en grandes trampolines para la cocaína que llega a Europa y Norteamérica.
Las denuncias de la familia
Verónica Sarauz, la esposa de Villavicencio, culpó e al Estado de la muerte de su esposo por falta de protección y al correísmo.
“El Estado es el responsable directo del asesinato de mi esposo, Fernando Villavicencio”, dijo en una rueda de prensa en Quito Sarauz, quien según la familia cercana al candidato estaba separada de él desde hace seis años.
Sarauz aseguró que el “Estado tiene que dar muchas respuestas de lo que pasó” y denunció una falta de medidas de protección contra el que aún era su esposo, quien recibió varios disparos al salir de un mitin en un colegio de Quito el miércoles en la tarde.
“No quiero pensar que vendieron a mi esposo para que fuera asesinado de manera infame”, conjeturó la ecuatoriana, que no aportó pruebas sobre las denuncias proferidas contra el Estado y contra el correísmo, del que Villavicencio se había vuelto su acérrimo enemigo a raíz de las denuncias que presentaba contra ellos.
“Quiero decirle al correísmo (…) que todos ellos son responsables sino directos o indirectos de la muerte de mi esposo, pero fue en este Gobierno que murió mi esposo y es el que tiene que dar explicaciones”, alegó Sarauz, quien llegó a la rueda de prensa con chaleco y casco antibalas y flanqueada por un miembro de seguridad que portaba fusil.
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El expresidente Rafael Correa (2007-2017) ha desmentido en varias ocasiones de forma enfática tener nada que ver con el asesinato, por el que han sido detenidos por el momento seis colombianos, acusados de ser los supuestos sicarios que ejecutaron el crimen.
Un séptimo hombre, también de nacionalidad colombiana, falleció el mismo día del atentado producto, según las autoridades ecuatorianas, de las heridas sufridas por el intercambio de disparos que sostuvieron los atacantes y el personal de seguridad que resguardaba a Villavicencio.
En el ataque también resultaron heridas otras nueve personas, de las que cinco se encuentran en condición estable en la Clínica de la Mujer, a donde también llegó Villavicencio en condición “fulminante”, lo que impidió al personal de salud salvarle la vida, según un comunicado de ese centro de salud.
