Santo Domingo. – El Estado dominicano presentó una querella penal y civil por más de 26,880 millones de pesos en el alegado caso de corrupción «Operación Calamar».
La querella presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público contra varios de los detenidos en la operación, así como algunos testigos del Ministerio Público en el caso.
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La querella se basa en los mismos hechos que se describen en la solicitud de medida de coerción presentada por la Pepca contra 20 detenidos el pasado fin de semana.
Entre los delitos que se imputan a los acusados se encuentran la coalición de funcionarios, falsedad en escritura pública y privada, prevaricación, desfalco, sobornos y cohecho de funcionarios, enriquecimiento ilícito, asociación de malhechores, estafa agravada en perjuicio del Estado dominicano, falta de declaración jurada y lavado de activos.
La demanda señala que el Estado quedó afectado a través de sus dependencias Ministerio de Hacienda, Contraloría General de la República, Dirección General de Bienes Nacionales, Dirección General de Catastro Nacional, Consejo Estatal del Azúcar, Instituto Agrario Dominicano y el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, en su condición de continuador jurídico de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).
La querella- el Estado dominicano
El Estado también acusó al empresario Ramón Emilio Jiménez Collie (conocido como «Mimilo») de haber servido como vehículo para captar recursos públicos a fines de interés particular y según los requerimientos de Donald Guerrero. Jiménez Collie es uno de los principales testigos que tiene la Pepca en el caso Calamar, en el que se acusa a exfuncionarios peledeístas de haber defraudado al Estado dominicano con más de 19,000 millones de pesos.
En la querella del Estado figuran como cómplices otras 19 personas, incluyendo al exadministrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo Mezquita, y a los sucesores del fallecido Emilio Rivas, exdirector de Bienes Nacionales, como terceros civilmente responsables.
El caso Calamar es uno de los más grandes casos de corrupción en la historia reciente de la República Dominicana y ha generado una gran indignación en la población, que exige que se haga justicia y se recupere el dinero que fue robado al erario público. La querella presentada por el Estado es un paso importante en esa dirección y muestra la determinación de las autoridades en la lucha contra la corrupción.
