La Fiscalía General de Colombia informó que imputará a más de 50 personas por la trama de corrupción estatal, en la que se investigan sobornos de la constructora brasileña Odebrecht que habrían sido utilizados para financiar campañas presidenciales, a cambio de contratos multimillonarios para obras de gran magnitud.
En un primer comunicado de prensa, la Fiscalía colombiana detalló 33 nombres, entre funcionarios activos y retirados de la estatal Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), de los acusados señalados de haber cometido «supuestas irregularidades en la contratación pública celebrada por Odebrecht en Colombia» entre 2009 y 2016.
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Luego, en un segundo despacho, la institución detalló que fueron citadas «22 personas más por ser presuntamente intervinientes en los hechos de corrupción». En esa lista están exdirectivos de Odebrecht, «lobistas, contratistas y particulares».
Entre los exfuncionarios citados están el expresidente de la ANI, Luis Fernando Andrade Moreno, quien será vinculado como «presunto coautor de delito de interés indebido en la celebración de contratos», al igual que el resto de los presuntos involucrados, aunque cada uno de recibirá imputaciones «de acuerdo con su presunta responsabilidad en los actos irregulares» de cada caso.
La institución indicó que tiene «suficiente material probatorio y evidencia física» que demostraría que las primeras 33 personas señaladas habrían intervenido en seis momentos distintos para concretar la concesión de la obra ‘Ruta del Sol II’ y ‘Ruta del Sol II SAS’ y favorecer a la contratista brasileña.
«Los investigados ocupaban en la ANI, entre otros cargos, la presidencia, distintas vicepresidencias, gerencias, comités, y tenían roles de asesor y contratistas», detalló la Fiscalía, reseñando que los involucrados participaban «en las distintas etapas del estudio de conveniencia, estructuración, presentación, aprobación en comités y firma de los otrosíes objeto de investigación».
Los otros 22 acusados
En la otra lista, de 22 personas, están solicitados varios directivos de la multinacional Odebrecht, «como presuntos determinadores y articuladores de la apropiación ilegal de recursos públicos».
Entre los citados están el presidente de Odebrecht entre 2008-2015, Marcelo Odebrecht; el presidente de la Concesión Ruta del Sol II en 2010, Eder Paolo Ferracutti; entre otros 10 gerentes de la compañía brasileña. Todos acusados por concierto para delinquir y lavado de activos.
Además, se les formularán cargos por lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad ideológica en documento privado, a los contratistas Wilson Ruiz Tello y Carlos Emilio Abuabara Vega, que representaron legalmente a la empresa Midas S.A.S.
Otro acusado es el exalcalde del municipio Gamarra del departamento de Cesar, Gabriel Alberto Giraldo Escudero, y su hermano Jaime Eli, por intervenir en la Compañía Midas S.A.S, para el pago de sobornos.
De igual forma, los socios propietarios de Midas S.A.S. Lina María Bermúdez Aljuri y Diego Mantilla Velásquez, serán enjuiciados por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares, debido a que «habrían permitido usar su empresa para entregar dinero a terceros por disposición de los directivos de Odebrecht».
Otro procesado es Luis Bernardo Villegas Giraldo, por presuntamente realizar cabildeo ante funcionarios de la ANI. Este implicado habría cobrado fondos ilegales a través de tres empresas: una a nombre de su esposa Carolina de Nubila, otra de su hijo Andrés Felipe Villegas Aguirre, y la tercera, de Hugo Alejandro Buitrago Beltrán. A todos se les imputa lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.
Petro: «La Fiscalía les permitió irse»
El presidente colombiano, Gustavo Petro, durante el Primer Congreso Internacional de la Lucha Anticorrupción realizada en Bogotá, habló del escándalo de Odebrecht y responsabilizó a la Fiscalía, manejada cuando se conoció la trama por Néstor Humberto Martínez, de haber permitido que los responsables se fugaran con total impunidad.
«El señor Odebrecht no le ha pagado un peso de las multas impuestas a Colombia, ni un peso, ni un dólar (…) de eso aquí no ha llegado un peso, ¿por qué? No porque hayan sido muy astutos (…) no fue porque se escaparon a tiempo, no, es porque la misma Fiscalía les permitió irse», señaló Petro.
«Se sabía que si se iban a Brasil no habrían los acuerdos de cooperación que se necesitaban en el momento y entonces no eran extraditables, podían fácilmente no pagar los requerimientos de la Justicia colombiana, y sobre todo, no se necesitaba que hablaran; ellos no hablaron sino lo necesario», agregó.
