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La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela aprobó este jueves por unanimidad la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, propuesta por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
De conformidad con lo estipulado en las leyes locales, la iniciativa legislativa fue sometida a consulta pública entre distintos sectores de la sociedad venezolana, tras obtener luz verde en su primera discusión, lo que permitió la adición de asuntos no contemplados inicialmente, así como la clarificación de aspectos que arrastraban ambigüedad.
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De conformidad con la exposición de motivos, esta normativa "busca la convivencia y la paz entre los venezolanos" para que se logre una "coexistencia desde la diversidad y la pluralidad […] con respeto a la ley y a la justicia", en el entendido de que le corresponde al Poder Legislativo "dictar medidas" de reparación para atender las "heridas profundas" que existen en la sociedad venezolana, producto de "la confrontación política desde el extremismo".
El texto legal se fundamenta en valores como el respeto a "la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, los derechos humanos, la ética y el pluralismo político", que integran el "Estado democrático y social de derecho y de justicia".
Asimismo, se establecen "salvaguardas claras" sobre los delitos que serán excluidos del instrumento legal, a saber: "las violaciones graves de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el homicidio intencional, la corrupción y el tráfico de drogas".
Antes de su aprobación, el Gobierno venezolano informó que entre noviembre de 2025 e inicios del presente mes han sido excarceladas 896 personas, detenidas por presuntamente haber cometido delitos relacionados con la violencia política o tras haber sido halladas culpables de tales acciones.
Los principales puntos de la ley
En el documento se establece que el instrumento tiene por finalidad "conceder una amnistía general y plena" a las personas "procesadas o condenadas por la presunta o comprobada comisión de delitos políticos o conexos, desde el primero de enero de 1999 hasta el 30 de enero de 2026".
Los hechos que se toman en cuenta de ese lapso son:
- Golpe de Estado del 11 de abril de 2002, incluidos los asaltos y ataques contra gobernaciones, alcaldías e instalaciones públicas y privadas.
- Los hechos de violencia por motivos políticos en el marco del paro y sabotaje empresarial y petrolero de diciembre de 2002 a febrero de 2003.
- Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en febrero y marzo y en agosto de 2004; en mayo de 2007; tras las elecciones presidenciales de 2013; en febrero y junio de 2014; de marzo y agosto de 2017; en enero y abril de 2019 y en las elecciones presidenciales de julio de 2024.
Con la aprobación de la ley, la Policía, los cuerpos de investigación y los militares "darán por finalizadas las averiguaciones y procedimientos relativos a los hechos" referidos. Del mismo modo, los archivos sobre los procesos abiertos a las personas amnistiadas deberán ser eliminados.
El Ejecutivo Nacional será el responsable de desarrollar e implementar mecanismos para asegurar el cumplimiento de la normativa legal. Como primera medida, se estableció una comisión especial conformada por 23 parlamentarios pertenecientes a todas las fracciones políticas, quienes se encargarán de hacerle seguimiento a la puesta en obra de la amnistía.
Una petición presidencial
El pasado 23 de enero, la presidenta encargada anunció la creación del Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, que se propone en sus primeros cien días desarrollar un plan nacional "orientado a la consolidación de la tranquilidad del país en todas sus dimensiones".
Días después, Rodríguez reveló que impulsaría una ley de amnistía que cubriera el periodo político entre 1999, cuando el presidente Hugo Chávez asumió por primera vez su investidura, hasta el presente.
Previamente, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, manifestó que las "fuerzas bolivarianas" hicieron un "aporte inicial" para el "comienzo del diálogo nacional" entre los distintos sectores de la vida política, económica, cultural y social del país.
"Lo que quisiéramos es que esta ley dé un mensaje poderoso, potente, de la intención de un nuevo momento político, que además potencie de manera acelerada el diálogo", apuntó.
